Videovigilancia de los trabajadores

El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante sentencia del pasado 3 de marzo, ha desestimado el recurso de amparo presentado por una empleada que fue despedida tras comprobar su empleador, mediante la instalación de una cámara de videovigilancia en el lugar de trabajo, que había sustraído dinero de la caja.

Esta sentencia, matiza la doctrina existente acerca del alcance del deber de información exigible al empresario en relación con el tratamiento de los datos personales de sus trabajadores obtenidos por videovigilancia. Admite como prueba lícita de tales irregularidades las grabaciones de una cámara de vigilancia instalada ante la existencia de sospechas previas, y ello pese a que no se informó expresamente a la trabajadora ni al comité de empresa de la instalación ni finalidad del sistema de videovigilancia, ni, mucho menos, se solicitó su consentimiento.

La sentencia rechaza que, en este caso, la captación de las imágenes sin consentimiento expreso de la empleada haya vulnerado el artículo 18 de la Constitución (CE), que protege los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen. Han redactado votos particulares discrepantes diversos magistrados del Tribunal.

Según los hechos detallados en la sentencia, la trabajadora fue despedida en junio de 2012. En la carta de despido constaba que era despedida disciplinariamente porque se había venido apropiando de efectivo de la caja de la tienda, en diferentes fechas y de forma habitual.

La Sala considera que:

a) La medida sobre la que se debate integra una iniciativa que, en principio, se encuentra dentro de las facultades legales que se atribuyen al poder empresarial de dirección y de control de la actividad laboral, puesto que el art. 20.3 del ET faculta al empresario para la adopción de medidas de vigilancia y control del cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, siempre que en su adopción y aplicación se guarde la consideración debida a su humana dignidad.

b) La referida medida debe considerarse idónea, en tanto que la misma era útil para exteriorizar, conocer e identificar las irregularidades existentes en la caja del centro comercial, en el que prestaba servicios la trabajadora despedida, irregularidades detectadas tras la implantación de un nuevo sistema de control informático de la dependencia de caja.

c) La instalación de la cámara de videovigilancia se revelaba necesaria para clarificar las irregularidades o anomalías que pudieran estar relacionadas con el uso o con la gestión de la caja del centro comercial.

d) La medida era necesariamente proporcional, en tanto que su adopción tenía como exclusivo destino la dependencia de caja de la tienda, esto es, un espacio destinado a la permanente interrelación personal y en el que se llevan a cabo conductas escasamente exigentes de la preservación de la injerencia o del conocimiento de las mismas por terceras personas.

Por lo que se refiere a la vulneración del artículo 18 de la CE, la sentencia explica que la imagen es considerada “un dato de carácter personal”, según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos (LOPD) y que la doctrina ha fijado, como elemento característico del derecho fundamental a la protección de datos, la facultad del afectado para “consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos”.

En el ámbito laboral el consentimiento del trabajador pasa, como regla general, a un segundo plano pues el consentimiento se entiende implícito en la relación negocial, siempre que el tratamiento de datos de carácter personal sea necesario para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato firmado por las partes.

Junto al deber de consentimiento, la ley establece también el deber de información previa sobre el uso y destino de los datos. Este deber permanece intacto incluso en los supuestos en los que no sea necesario el consentimiento.

El Pleno afirma que, de acuerdo con la LOPD, “el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes”; y argumenta que el ET atribuye al empresario la facultad de dirección, lo que le permite “adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana”. Por tanto, concluye, “el consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato”.

Ahora bien, aunque no sea necesario el consentimiento en los casos señalados, el deber de información sigue existiendo, pues este deber permite al afectado ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y conocer la dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, del representante (art. 5 LOPD).

Por ello, a la hora de valorar si se ha vulnerado el derecho a la protección de datos por incumplimiento del deber de información, la dispensa del consentimiento al tratamiento de datos en determinados supuestos debe ser un elemento a tener en cuenta dada la estrecha vinculación entre el deber de información y el principio general de consentimiento.

Prosigue la sentencia comentando que, aplicada la doctrina existente sobre el tratamiento de datos obtenidos por la instalación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo, que es el problema planteado en el presente recurso de amparo, debemos concluir que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es conforme con el art. 20.3 TRLET, que establece que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana”.

Si la dispensa del consentimiento prevista en el art. 6 LOPD se refiere a los datos necesarios para el mantenimiento y el cumplimiento de la relación laboral, la excepción abarca sin duda el tratamiento de datos personales obtenidos por el empresario para velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. El consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica reconocimiento del poder de dirección del empresario.

En este caso, la cámara estaba situada en el lugar donde la demandante realizaba su trabajo, “enfocando directamente a la caja”. Asimismo, en cumplimiento de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, la empresa colocó un distintivo informativo sobre la existencia de cámaras (“zona videovigilada”) en el escaparate de la tienda.

Según el Pleno, gracias a la colocación de dicho distintivo, la demandante de amparo “podía conocer la existencia de las cámaras y la finalidad para la que habían sido instaladas”. “El trabajador –añade la sentencia- conocía que en la empresa se había instalado un sistema de control por videovigilancia, sin que haya que especificar, más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control”. Se cumple, por lo tanto, con el deber de información previa.

El Ple del Tribunal Constitucional, mitjançant sentència del passat 3 de març, ha desestimat el recurs d’empara presentat per una empleada que va ser acomiadada després de comprovar el seu ocupador, mitjançant la instal·lació d’una càmera de videovigilància en el lloc de treball, que havia sostret diners de la caixa.

Aquesta sentència, matisa la doctrina existent sobre l’abast del deure d’informació exigible a l’empresari en relació amb el tractament de les dades personals dels seus treballadors obtinguts per videovigilància. Admet com a prova lícita de tals irregularitats les gravacions d’una càmera de vigilància instal·lada davant l’existència de sospites prèvies, i això malgrat que no es va informar expressament a la treballadora ni al comitè d’empresa de la instal·lació ni finalitat del sistema de videovigilància, ni , molt menys, es va sol·licitar el seu consentiment.

La sentència rebutja que, en aquest cas, la captació de les imatges sense consentiment exprés de l’empleada hagi vulnerat l’article 18 de la Constitució (CE), que protegeix els drets a la intimitat personal ia la pròpia imatge. Han redactat vots particulars discrepants diversos magistrats del Tribunal.

Segons els fets detallats en la sentència, la treballadora va ser acomiadada el juny de 2012. A la carta d’acomiadament constava que era comiat disciplinàriament perquè s’havia vingut apropiant d’efectiu de la caixa de la botiga, en diferents dates i de forma habitual.

La Sala considera que:

a) La mesura sobre la qual es debat integra una iniciativa que, en principi, es troba dins de les facultats legals que s’atribueixen al poder empresarial de direcció i de control de l’activitat laboral, ja que l’art. 20.3 de l’ET faculta l’empresari per a l’adopció de mesures de vigilància i control del compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, sempre que en la seva adopció i aplicació es guardi la consideració deguda a la seva humana dignitat.

b) La referida mesura s’ha de considerar idònia, en tant que la mateixa era útil per exterioritzar, conèixer i identificar les irregularitats existents en la caixa del centre comercial, en el qual prestava serveis la treballadora acomiadada, irregularitats detectades després de la implantació d’un nou sistema de control informàtic de la dependència de caixa.

c) La instal·lació de la càmera de videovigilància es revelava necessària per aclarir les irregularitats o anomalies que puguin estar relacionades amb l’ús o amb la gestió de la caixa del centre comercial.

d) La mesura era necessàriament proporcional, en tant que la seva adopció tenia com a exclusiu destí la dependència de caixa de la botiga, és a dir, un espai destinat a la permanent interrelació personal i en el qual es duen a terme conductes escassament exigents de la preservació de la ingerència o del coneixement de les mateixes per terceres persones.

Pel que fa a la vulneració de l’article 18 de la CE, la sentència explica que la imatge és considerada «una dada de caràcter personal», segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i que la doctrina ha fixat, com a element característic del dret fonamental a la protecció de dades, la facultat de l’afectat per «consentir sobre la recollida i ús de les seves dades personals ia saber dels mateixos».

En l’àmbit laboral el consentiment del treballador passa, com a regla general, a un segon pla ja que el consentiment s’entén implícit en la relació de negoci, sempre que el tractament de dades de caràcter personal sigui necessari per al manteniment i el compliment del contracte signat per les parts.

Al costat del deure de consentiment, la llei estableix també el deure d’informació prèvia sobre l’ús i destinació de les dades. Aquest deure es manté intacte fins i tot en els supòsits en què no sigui necessari el consentiment.

El Ple afirma que, d’acord amb la LOPD, «l’empresari no necessita el consentiment exprés del treballador per al tractament de les imatges»; i argumenta que l’ET atribueix a l’empresari la facultat de direcció, el que li permet «adoptar les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració a la seva dignitat humana». Per tant, conclou, «el consentiment s’entén implícit en la pròpia acceptació del contracte».

Ara bé, encara que no sigui necessari el consentiment en els casos assenyalats, el deure d’informació segueix existint, doncs aquest deure permet a l’afectat exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i conèixer l’adreça del responsable del tractament o, si cas, del representant (art. 5 LOPD).

Per això, a l’hora de valorar si s’ha vulnerat el dret a la protecció de dades per incompliment del deure d’informació, la dispensa del consentiment al tractament de dades en determinats supòsits ha de ser un element a tenir en compte donada l’estreta vinculació entre el deure d’informació i el principi general de consentiment.

Continua la sentència comentant que, aplicada la doctrina existent sobre el tractament de dades obtingudes per la instal·lació de càmeres de videovigilància en el lloc de treball, que és el problema plantejat en el present recurs d’empara, hem de concloure que l’empresari no necessita el consentiment exprés del treballador per al tractament de les imatges que han estat obtingudes a través de les càmeres instal·lades a l’empresa amb la finalitat de seguretat o control laboral, ja que es tracta d’una mesura dirigida a controlar el compliment de la relació laboral i és conforme amb l’art. 20.3 TRLET, que estableix que «l’empresari pot adoptar les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat humana».

Si la dispensa del consentiment prevista en l’art. 6 LOPD es refereix a les dades necessàries per al manteniment i el compliment de la relació laboral, l’excepció abasta sens dubte el tractament de dades personals obtingudes per l’empresari per vetllar pel compliment de les obligacions derivades del contracte de treball. El consentiment s’entén implícit en la pròpia acceptació del contracte que implica reconeixement del poder de direcció de l’empresari.

En aquest cas, la càmera estava situada al lloc on la demandant realitzava el seu treball, «enfocant directament a la caixa». Així mateix, en compliment de la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, l’empresa va col·locar un distintiu informatiu sobre l’existència de càmeres ( «zona videovigilada») a l’aparador de la botiga.

Segons el Ple, gràcies a la col·locació del distintiu, la demandant d’empara «podia conèixer l’existència de les càmeres i la finalitat per a la qual havien estat instal·lades». «El treballador -afegeix la sentència- coneixia que a l’empresa s’havia instal·lat un sistema de control per videovigilància, sense que calgui especificar, més enllà de la mera vigilància, la finalitat exacta que se li ha assignat a aquest control». Es compleix, per tant, amb el deure d’informació prèvia.