- 1 abril, 2015
- Categorias: Legal
Todos, o la gran mayoría de Vds, habrán oído hablar de las muchas reformas legislativas que se están produciendo en el ámbito penal y societario, y esencialmente en cuanto a las responsabilidades y deberes de sus órganos de administración. Pues bien, lo primero que debemos aclarar, es como hemos llegado a la conclusión de que toda persona jurídica, ya sea sociedad de capital, asociaciones, fundaciones, etc…. deben elaborar un Plan de Prevención de Riesgos Penales o como también se conoce como “Compliance Penal”.
Si nos remontamos 5 años atrás, con la reforma del Código Penal que tuvo lugar en Diciembre de 2010 (Ley 5/2010 de 23 de Junio) se introduce por primera vez, la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser declaradas responsables penalmente. En concreto el actual y todavía vigente art. 31 bis CP, establece que las personas jurídicas podrán ser penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta las mismas, y en su provecho, en los supuestos siguientes:
a) Hayan sido realizados por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
b) Hayan sido realizados por quien, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, (empleados, colaboradores, etc..) han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.
Con esta redacción, cabe preguntarse si ¿Podría adoptar la persona jurídica alguna media para quedar exonerada de responsabilidad penal? A día de hoy la respuesta es NO (luego veremos las posibles futuras novedades que en este sentido nos afectan a partir del día 1 de julio de 2015).
En cambio, con la redacción de la Ley 5/2010, ¿Podría adoptar la persona jurídica alguna medida para atenuar su responsabilidad penal? La respuesta es SÍ.
El propio artículo de CP así las enumera como circunstancias atenuantes, que no eximentes, y son las siguientes:
Que el representante legal, con posterioridad a la comisión del delito haya realizado alguna de las siguientes actividades:
a) Confesar la infracción a las autoridades, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra la persona jurídica.
b) Colaborar en la investigación aportando pruebas nuevas y decisivas en cualquier momento del proceso.
c) Reparar o disminuir el daño antes del juicio oral
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
Entre todas estas actuaciones nos centraremos en las medidas eficaces para prevenir delitos; las denominaremos: “programas de prevención de riesgos penales” o programas de compliance penal.
Para analizar estos programas de prevención de riesgos penales hemos de pasar al segundo gran episodio normativo: la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejor del gobierno corporativo que entró en vigor el 1 de Enero de 2015
¿Qué pretende esta Ley?
Que el buen gobierno corporativo sea un factor esencial para generar valor en la empresa, mejorar la eficiencia económica, el refuerzo de la confianza de los inversores.
¿Cómo pretende conseguirlo?
a) Reforzando el papel de la Junta General
b) Introduciendo importantes modificaciones en el ámbito de los órganos de administración de las sociedades: tanto respecto de su retribución como respecto de sus funciones en un intento de profesionalizar la figura del administrador social.
Relación directa entre las nuevas exigencias para la mejora del buen gobierno corporativo con los programas de prevención de riesgos penales de las personas jurídicas
La citada Ley 31/2014, modifica, introduce y amplia los deberes y obligaciones de los administradores sociales y su responsabilidad.
Dentro del catálogo de deberes del órgano de administración (predicable de todo tipo de sociedades) se incluyen los de diligencia y lealtad y de los procedimientos que se deberían seguir en caso de conflicto de interés. Los administradores deberán:
a) Desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos.
b) Tener una dedicación adecuada y adoptar las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad.
c) Exigir y tienen el derecho de recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones.
d) Desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y mirando por el interés de la sociedad bajo responsabilidad de indemnizar el daño causado al patrimonio social y de devolver lo indebidamente percibido.
Como se ve, entre otras, la Ley introduce el deber de “adoptar las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad”. Con la anterior redacción de la LSC, únicamente se establecía el deber de actuar con la diligencia de un ordenado empresario. Pues bien, justamente este deber o exigencia legal se podría traducir en una obligación del administrador de implementar programas de prevención de riesgos penales.
Sólo debemos preguntarnos, como acreditamos o probamos ante un Juez, que se han adoptado dichas medidas de control y/o prevención? Pues con un plan de prevención.
Es evidente, que tratándose de un deber para el administrador, en caso de no implantarlos podría llegarse a plantear una acción de responsabilidad contra él por incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. Esta acción de responsabilidad podría exigirse incluso a los administradores de hecho, los cuales son definidos tras la reforma de la ley de sociedades de capital como la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador o aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad.
A ello añadir que los programas de prevención de riesgos penales no sólo sirven como cortafuegos a conductas delictivas, sino que además resultan del todo recomendables porque:
- En primer lugar los programas de prevención de riesgos penales deben incardinarse dentro de la política de buen gobierno corporativo y de control de riesgos.
- En segundo lugar, la implantación de políticas de buen gobierno corporativo añaden valor reputacional a la Empresa y permiten frenar planteamientos cortoplacistas, así como una asunción excesiva de riesgos; es decir, tener una política de buen gobierno corporativo permite un crecimiento sostenible y estable.
- En tercer lugar, la implantación de políticas de buen gobierno corporativo permiten incrementar la confianza de los inversores. El buen gobierno corporativo es clave para la consecución de objetivos estratégicos. La ética es rentable. Y no sólo para grandes empresas cotizadas.
- En cuarto lugar, la implantación de estas políticas incrementa la transparencia. Las empresas se comportan con la máxima responsabilidad, tanto frente a sus empleados y accionistas como frente a la sociedad en general. Prima el interés social sobre el interés del socio.
- En quinto lugar, el coste de su implementación puede ser inferior al coste de no hacerlo. Si usted es administrador y socio de una empresa y comete un delito de estafa, el beneficio económico derivado de la comisión del delito puede ser muy inferior a las consecuencias que puede sufrir su empresa que, curiosamente, puede ser su única fuente de ingresos; piense en que la sociedad puede asumir una multa pero también puede verse afectada por la clausura o la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas. Si tiene implementado en su empresa un programa de prevención de riesgos penales usted, como persona física, puede asumir una responsabilidad penal pero su empresa y principal fuente de ingresos queda protegida.
Analizada la relación entre las políticas de buen gobierno corporativo y la conveniencia de la implantación de un plan de prevención, conviene precisar que, en la actualidad, los citados programas únicamente se plantean como atenuante de responsabilidad cuando su implantación se realiza después de la comisión del delito.
La pregunta es la siguiente: ¿Qué sucede si implanto el programa de prevención antes de la comisión del delito? Si implantándolo con posterioridad a la comisión del delito puedo ver atenuada la responsabilidad de la empresa, si lo implanto antes ¿puedo eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica? La respuesta es que a día de hoy no, pero cuando entre en vigor la próxima reforma del Código Penal, el dia 1 de Julio de 2015, la respuesta es si.
Todas estas cuestiones, por tanto, las encontramos en la nueva Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo, por la que se modifica la Ley Organica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, publicada en el B.O.E. en fecha 31 de Marzo de 2015, y que entrará en vigor el dia 1 de Julio de 2015. Esta Ley Orgánica introduce importantes novedades en lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en especial en lo que respecta al art. 31 bis.
Por primera vez, se delimitarán los supuestos de exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los supuestos de atenuación de dicha responsabilidad.
El artículo 31 bis 1 sienta que las personas jurídicas serán penalmente responsables:
A) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
B) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
Respecto de los del grupo A): De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
La principal novedad del proyecto de reforma del código penal es la exoneración de responsabilidad penal de la empresa respecto de los delitos cometidos por las personas del grupo a), si se cumplen las condiciones siguientes:
a) El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
b) La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.
c) Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.
d) No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2ª.
¿Qué sucede si sólo se puede acreditar algunas de estas condiciones? Se tendrá en cuenta sólo a efectos de atenuar la pena. Asimismo se mantiene la posibilidad de atenuación en caso de confesión, colaboración, reparación o implementación de programas de prevención después de la comisión del delito.
Respecto del grupo B) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
Cabe también la posibilidad de atenuar la pena en caso de cumplimiento parcial. Asimismo se mantiene la posibilidad de atenuación en caso de confesión, colaboración, reparación o implementación de programas de prevención después de la comisión del delito.
¿Quién puede ser el órgano de la persona jurídica que se encargue de la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención?
a) Si la sociedad puede presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviada, dichas funciones las podrá asumir directamente por el órgano de administración.
b) En caso contrario, surge la figura del Compliance Officer o Controller Jurídico que puede ser o bien un órgano externo o bien una comisión creada ad hoc dentro de la estructura interna de la propia empresa
REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS PENALES PARA QUE LA SOCIEDAD QUEDE EXENTA DE RESPONSABILIDAD PENAL:
a) Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. Es decir, deberá elaborarse un INFORME DE RIEGO ESPECIFICO que contemple todos los posibles delitos que puedan cometerse en el seno de la empresa.
b) Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
c) Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
d) Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
e) Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
f) Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.
En conclusión, La Ley 31/2014, requiere y define como responsabilidad indelegable de los administradores y consejeros el establecimiento de los procedimientos de gestión y control de las entidades, así como el deber de exigir información sobre la adecuada aplicación de los mismos.
Como consecuencia de los nuevos deberes asignados a los administradores de hecho y de derecho de la sociedades, de acuerdo con la Ley 31/2014 de reforma de la LSC que entró en vigor el pasado 1 de enero 2015, y como futura e inmediata consecuencia de la inminente entrada en vigor de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal, se hace necesario e imprescindible que todas las personas jurídicas definan, implanten y acrediten un modelo de prevención de delitos para evitar posibles sanciones y responsabilidades penales para la empresa, los administradores y su equipo directivo. En concreto se persigue conseguir los objetivos fundamentales siguientes:
1.- Evitar la responsabilidad penal y económica personal de los administradores y directivos por la omisión del deber de vigilancia, supervisión y control.
2.- Evitar la responsabilidad de la empresa por los posibles delitos cometidos por sus directivos, empleados y colaboradores por falta de procedimientos de prevención y control.
3.- Conseguir la Exención/Atenuación de responsabilidad penal con la implantación y acreditación del Plan de Prevención de Riesgos Penales cumpliendo con todos los requisitos que fija el Código Penal.
Tots o la gran majoria de vostès hauran sentit parlar de les moltes reformes legislatives que s’estan produint en l’àmbit penal i societari, i essencialment pel que fa a les responsabilitats i deures dels seus òrgans d’administració. Doncs bé, el primer que hem d’aclarir és com hem arribat a la conclusió que tota persona jurídica, ja sigui societat de capital, associacions, fundacions, etc. ha d’elaborar un Pla de Prevenció de Riscos Penals o com també es coneix com «Compliance Penal».
Si ens remuntem 5 anys enrere, amb la reforma del Codi Penal que va tenir lloc al desembre de 2010 (Llei 5/2010 de 23 de juny), s’introdueix per primera vegada la possibilitat que les persones jurídiques puguin ser declarades responsables penalment. En concret, l’actual i encara vigent art. 31 bis CP estableix que les persones jurídiques podran ser penalment responsables dels delictes comesos en nom o per compte les mateixes i, en el seu profit, en els supòsits següents:
a) Hagin estat realitzats pels seus representants legals i administradors de fet o de dret.
b) Hagin estat realitzats per qui, estant sotmesos a l’autoritat de les persones físiques esmentades al paràgraf anterior, (empleats, col·laboradors, etc.) han pogut realitzar els fets per haver-se incomplert greument per aquells dels deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat.
Amb aquesta redacció cal preguntar ¿podria adoptar la persona jurídica mitjana per quedar exonerada de responsabilitat penal? A dia d’avui la resposta és NO.
En canvi, pot adoptar la persona jurídica mesura per atenuar la seva responsabilitat penal? La resposta és SÍ.
El mateix article de CP i les enumera com a circumstàncies atenuants, que no eximents, i són les següents:
Que el representant legal, amb posterioritat a la comissió del delicte hagi realitzat alguna de les activitats:
a) Confessar la infracció a les autoritats abans de conèixer que el procediment judicial es dirigeix contra la persona jurídica.
b) Col·laborar en la investigació aportant proves noves i decisives en qualsevol moment del procés.
c) Reparar o disminuir el dany abans del judici oral.
d) Haver establert, abans del començament del judici oral, mesures eficaces per prevenir descobrir els delictes que en el futur poguessin cometre amb els mitjans o sota la cobertura de la persona jurídica.
Entre totes aquestes actuacions ens centrarem en les mesures eficaces per prevenir delictes, que anomenarem «programes de prevenció de riscos penals» o «programes de compliance penal».
Per analitzar aquests programes de prevenció de riscos penals hem de passar al segon gran episodi normatiu: la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu que va entrar en vigor l’1 gener 2015
Què pretén aquesta Llei?
Que el bon govern corporatiu sigui un factor essencial per generar valor a l’empresa, millorar l’eficiència econòmica i reforçar la confiança dels inversors.
Com pretén aconseguir-ho?
a) Reforçant el paper de la Junta General
b) Introduint importants modificacions en l’àmbit dels òrgans d’administració de les societats: tant respecte de la seva retribució com respecte de les seves funcions en un intent de professionalitzar la figura de l’administrador social.
Relació directa entre les noves exigències per a la millora del bon govern corporatiu amb els programes de prevenció de riscos penals de les persones jurídiques
La citada Llei 31/2014, modifica, introdueix i amplia els deures i obligacions dels administradors socials i la seva responsabilitat.
Dins del catàleg de deures de l’òrgan d’administració (predicable de tota mena de societats) s’inclouen els de diligència i lleialtat i dels procediments que s’haurien de seguir en cas de conflicte d’interès. Els administradors han de:
a) Exercir el càrrec i complir els deures imposats per les lleis i els estatuts amb la diligència d’un ordenat empresari tenint en compte la naturalesa del càrrec i les funcions atribuïdes a cada un d’ells.
b) Tenir una dedicació adequada i adoptar les mesures necessàries per a la bona direcció i el control de la societat.
c) Exigir i tenen el dret de demanar de la societat la informació adequada i necessària que li serveixi per al compliment de les seves obligacions.
d) Exercir el càrrec amb la lleialtat d’un fidel representant, obrant de bona fe i mirant per l’interès de la societat sota responsabilitat d’indemnitzar el dany causat al patrimoni social i de tornar el indegudament percebut.
Com es veu, entre altres, la Llei introdueix el deure d «adoptar les mesures necessàries per a la bona direcció i el control de la societat». Amb l’anterior redacció de la LSC, únicament s’establia el deure d’actuar amb la diligència d’un ordenat empresari. Doncs bé, justament aquest deure o exigència legal es podria traduir en una obligació de l’administrador d’implementar programes de prevenció de riscos penals.
Només hem de preguntar-nos, ¿com acreditem o vam provar davant un jutge que s’han adoptat aquestes mesures de control i / o prevenció? Doncs amb un pla de prevenció.
És evident que, tractant-se d’un deure per l’administrador, en cas de no implantar-podria arribar-se a plantejar una acció de responsabilitat contra ell per incompliment dels deures inherents al seu càrrec. Aquesta acció de responsabilitat podria exigir fins i tot als administradors de fet, els quals són definits després de la reforma de la llei de societats de capital com la persona que en la realitat del trànsit desenvolupi sense títol, amb un títol nul o extingit, o amb un altre títol, les funcions pròpies d’administrador o aquella sota les instruccions actuïn els administradors de la societat.
A això afegir que els programes de prevenció de riscos penals no només serveixen com a tallafocs a conductes delictives, sinó que a més resulten del tot recomanables perquè:
En primer lloc, els programes de prevenció de riscos penals han incardinar dins de la política de bon govern corporatiu i de control de riscos.
En segon lloc, la implantació de polítiques de bon govern corporatiu afegeix valor reputació a l’Empresa i permeten frenar plantejaments a curt termini, així com una assumpció excessiva de riscos; és a dir, tenir una política de bon govern corporatiu permet un creixement sostenible i estable.
En tercer lloc, la implantació de polítiques de bon govern corporatiu permet incrementar la confiança dels inversors. El bon govern corporatiu és clau per a la consecució d’objectius estratègics. L’ètica és rendible. I no només per a grans empreses cotitzades.
En quart lloc, la implantació d’aquestes polítiques incrementa la transparència. Les empreses es comporten amb la màxima responsabilitat, tant davant dels seus empleats i accionistes com davant de la societat en general. Prima l’interès social sobre l’interès del soci.
En cinquè lloc, el cost de la seva implementació pot ser inferior al cost de no fer-ho. Si vostè és administrador i soci d’una empresa i comet un delicte d’estafa, el benefici econòmic derivat de la comissió del delicte pot ser molt inferior a les conseqüències que pot patir la seva empresa que, curiosament, pot ser la seva única font d’ingressos; pensi que la societat pot assumir una multa però també es pot veure afectada per la clausura o la inhabilitació per obtenir subvencions o ajuts públics. Si té implementat a la seva empresa un programa de prevenció de riscos penals vostè, com a persona física, pot assumir una responsabilitat penal però la seva empresa i principal font d’ingressos queda protegida.
Analitzada la relació entre les polítiques de bon govern corporatiu i la conveniència de la implantació d’un pla de prevenció, convé precisar que, en l’actualitat, els citats programes únicament es plantegen com a atenuant de responsabilitat quan la seva implantació es realitza després de la comissió del delicte.
La pregunta és la següent: Què passa si va implantar el programa de prevenció abans de la comissió del delicte? Si implantant amb posterioritat a la comissió del delicte puc veure atenuada la responsabilitat de l’empresa, si ho va implantar abans puc eximir de responsabilitat penal a la persona jurídica? La resposta és que a dia d’avui no, però quan entri en vigor la pròxima reforma del Codi Penal, i d’acord amb el Projecte aprovat al Congrés, la resposta és SÍ.
Totes aquestes qüestions són analitzades en el Projecte de Llei Orgànica de reforma del Codi Penal d’octubre de 2013, aprovat el passat dia 26 març 2015 pel Congrés i que entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2015. Aquest projecte introdueix importants novetats pel que fa a la responsabilitat penal de les persones jurídiques i en especial pel que fa a l’art. 31 bis.
Per primera vegada, es delimitaran els supòsits d’exempció de responsabilitat penal de les persones jurídiques i els supòsits d’atenuació d’aquesta responsabilitat.
L’article 31 bis 1 senti que les persones jurídiques seran penalment responsables:
A) Dels delictes comesos en nom o per compte de les mateixes, i en el seu benefici directe o indirecte, pels seus representants legals o per aquells que actuant individualment o com a integrants d’un òrgan de la persona jurídica, estan autoritzats per prendre decisions en nom de la persona jurídica o ostenten facultats d’organització i control dins de la mateixa.
B) Dels delictes comesos, en l’exercici d’activitats socials i per compte i en benefici directe o indirecte de les mateixes, per qui, estant sotmesos a l’autoritat de les persones físiques esmentades al paràgraf anterior, han pogut realitzar els fets per haver incomplert greument per aquells dels deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat ateses les concretes circumstàncies del cas.
Respecte dels del grup A): Dels delictes comesos en nom o per compte de les mateixes, i en el seu benefici directe o indirecte, pels seus representants legals o per aquells que actuant individualment o com a integrants d’un òrgan de la persona jurídica, estan autoritzats per prendre decisions en nom de la persona jurídica o ostenten facultats d’organització i control dins de la mateixa.
La principal novetat del projecte de reforma del codi penal és l’exoneració de responsabilitat penal de l’empresa respecte dels delictes comesos per les persones del grup a), si es compleixen les condicions següents:
a) L’òrgan d’administració ha adoptat i executat amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, models d’organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes de la mateixa naturalesa o per reduir de forma significativa el risc de la seva comissió.
b) La supervisió del funcionament i del compliment del model de prevenció implantat ha estat confiada a un òrgan de la persona jurídica amb poders autònoms d’iniciativa i de control o que tingui encomanada legalment la funció de supervisar l’eficàcia dels controls interns de la persona jurídica.
c) Els autors individuals han comès el delicte eludint fraudulentament els models d’organització i de prevenció.
d) No s’ha produït una omissió o un exercici insuficient de les seves funcions de supervisió, vigilància i control per part de l’òrgan a què es refereix la condició 2a.
Què passa si només es pot acreditar algunes d’aquestes condicions? Es tindrà en compte només a efectes d’atenuar la pena. Així mateix es manté la possibilitat d’atenuació en cas de confessió, col·laboració, reparació o implementació de programes de prevenció després de la comissió del delicte.
Respecte del grup B) Dels delictes comesos, en l’exercici d’activitats socials i per compte i en benefici directe o indirecte de les mateixes, per qui, estant sotmesos a l’autoritat de les persones físiques esmentades al paràgraf anterior, han pogut realitzar els fets per haver-se incomplert greument per aquells dels deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat ateses les concretes circumstàncies del cas.
La persona jurídica quedarà exempta de responsabilitat si, abans de la comissió del delicte, ha adoptat i executat eficaçment un model d’organització i gestió que resulti adequat per prevenir delictes de la naturalesa del que va ser comès o per reduir de forma significativa el risc de la seva comissió.
També hi ha la possibilitat d’atenuar la pena en cas de compliment parcial. Així mateix es manté la possibilitat d’atenuació en cas de confessió, col·laboració, reparació o implementació de programes de prevenció després de la comissió del delicte.
Qui pot ser l’òrgan de la persona jurídica que s’encarregui de la supervisió del funcionament i del compliment del model de prevenció?
a) Si la societat pot presentar comptes de pèrdues i guanys abreujat, aquestes funcions les pot assumir directament per l’òrgan d’administració.
b) En cas contrari, sorgeix la figura del Compliance Officer o Controller Jurídic que pot ser o bé un òrgan extern o bé una comissió creada ad hoc dins de l’estructura interna de la pròpia empresa
REQUISITS QUE HA DE COMPLIR UN PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS PERQUÈ LA SOCIETAT QUEDI EXEMPTA DE RESPONSABILITAT PENAL:
a) Identificaran les activitats en l’àmbit puguin ser comesos els delictes que han de ser previnguts. És a dir, s’ha d’elaborar un informe de risc específic que contempli tots els possibles delictes que es puguin cometre en el si de l’empresa.
b) Han d’establir els protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, d’adopció de decisions i d’execució de les mateixes amb relació a aquells.
c) Disposaran de models de gestió dels recursos financers adequats per impedir la comissió dels delictes que han de ser previnguts.
d) imposar l’obligació d’informar de possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció.
e) Establiran un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures que estableixi el model.
f) Realitzaran una verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posen de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que els facin necessaris.
En conclusió,
La Llei 31/2014 requereix i defineix com a responsabilitat indelegable dels administradors i consellers l’establiment dels procediments de gestió i control de les entitats, així com el deure d’exigir informació sobre l’adequada aplicació dels mateixos.
Com a conseqüència dels nous deures assignats als administradors de fet i de dret de les societats, d’acord amb la Llei 31/2014 de reforma de la LSC que va entrar en vigor el 1 de gener 2015, i com a futura i immediata conseqüència de la imminent entrada en vigor de la reforma del Codi Penal, es fa necessari i imprescindible que totes les persones jurídiques defineixin, implantin i acreditin un model de prevenció de delictes per evitar possibles sancions i responsabilitats penals per l’empresa, els administradors i el seu equip directiu . En concret es persegueix aconseguir els objectius fonamentals següents:
1.- Evitar la responsabilitat penal i econòmica personal dels administradors i directius per l’omissió del deure de vigilància, supervisió i control.
2.- Evitar la responsabilitat de l’empresa pels possibles delictes comesos pels seus directius, empleats i col·laboradors per falta de procediments de prevenció i control.
3.- Aconseguir la Exempció / Atenuació de responsabilitat penal amb la implantació i acreditació del Pla de Prevenció de Riscos Penals complint amb tots els requisits que fixa el Codi Penal.