- 8 septiembre, 2014
- Categorias: Economia, Legal
El auge primero, y el declive posterior, de las Cajas de Ahorro, puso a descubierto la comercialización por dichas entidades financieras de las participaciones preferentes. Las participaciones preferentes cumplen una función financiera de la entidad de crédito y computan como recursos propios, por lo que el dinero que se invierte en participaciones preferentes no constituye un pasivo en el balance de la entidad de crédito, por ello el valor nominal de la participación preferente no es una deuda de la entidad emisora y por tanto el suscriptor de dicha participación preferente no tiene un derecho de crédito frente a la entidad. Esto hace que, por tanto, el capital invertido en participaciones preferentes no tiene garantía de devolución, ni existe un derecho del suscriptor a exigir el nominal invertido, no existiendo una exigibilidad de recuperación del nominal invertido en el suscriptor. La consecuencia de ello es que el riesgo del titular de la participación preferente es semejante, aunque no igual, al del titular de una acción.
La Directiva 2009/111/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2.009 no califica la participación preferente como instrumento de deuda, sino como instrumento de capital híbrido al que se ha de aplicar el mismo tratamiento contable y financiero que reciben los recursos propios de la entidad de crédito emisora, lo que lleva a definirla como un producto financiero que presenta altos niveles de riesgo y complejidad. En esta misma línea, el Banco de España las define como un instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una retribución fija condicionada a la obtención de beneficios y cuya duración es perpetua, aunque el emisor suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años.
Por tanto, hasta el momento está claro, es un instrumento financiero para obtener recursos propios, no un derecho de crédito, sin garantía de devolución del capital invertido, y ligado al resultado financiero de la entidad de crédito emisora.
A todo esto hay que añadir que las participaciones preferentes cotizan en mercados secundarios organizados a tal efecto. Y que la rentabilidad de la participación preferente estará determinada a la existencia de beneficios o reservas distribuibles de la entidad de crédito. Con ello, ocurre que la liquidez de la participación preferente estará en su cotización en el mercado secundario y difícilmente tendrá precio en dicho mercado si hay ausencia de rendimientos de la misma.
Con todo lo expuesto hasta el momento, cabe indicar que las participaciones preferentes son un producto complejo destinado tradicionalmente a inversores con experiencia en instrumentos financieros y con plena consciencia de que existe un riesgo de pérdida de la inversión, y de la posible falta de liquidez inmediata.
El carácter de instrumento financiero complejo viene determinado en la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, donde se determina que un producto financiero no es complejo, cuando existan posibilidades frecuentes de venta o reembolso, cuando no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente, y cuando exista información suficiente a disposición del público, debiendo ser una información comprensible, completa y que permita saber al cliente minorista medio los riesgos de dicha operación financiera. Es evidente pues, que la participación preferente es un instrumento financiero complejo.
A pesar de ese carácter de instrumento financiero complejo, y que por tanto debía estar destinado a inversores con experiencia demostrada en estos productos, fue comercializado de forma generalizada a todo tipos de personas, y en muchos casos, más de los deseables, a personas sin conocimiento específico en materia financiera y con absoluta falta de información. A ello, además hay que añadir la vocación de perpetuidad de la inversión, ya que no le confiere al suscriptor derecho de reembolso y siendo su transmisión prácticamente nula ya que los mercados secundarios de dichos productos han quedado prácticamente paralizados debido al actual panorama financiero.
Por tanto cabe preguntarse si puede solicitarse la nulidad del contrato de suscripción de participaciones preferentes. Dependerá bastante de la casuística, siendo esencial el perfil del suscriptor, la información facilitada por la entidad financiera, y la comprensión, y aceptación en su caso, del riesgo de la operación financiera. Hay que desgranar tema por tema, viendo la persona adquirente de las participaciones preferentes, su cultura financiera, la información que le fue facilitada en el momento de la comercialización (si era, completa, veraz y suficiente), y si, su perfil era conservador o por el contrario estaba asumiendo los riesgos derivados de las operaciones complejas de crédito (siendo de mayor remuneración en caso de ser beneficiosas, pero pudiendo ser fatal para el supuesto de pérdidas de las entidades financieras).
La jurisprudencia viene exigiendo a las entidades financieras comercializadoras la prueba de la correcta información al cliente. Es dicha entidad financiera comercializadora, quien debe probar ante el Tribunal, que facilitó al cliente toda la información precisa, que además debe ser completa, veraz y suficiente. No siendo prueba válida la de remitirse al folleto normalmente entregado en el momento de la comercialización. Dada la especial naturaleza de las participaciones preferentes se exige una prueba fehaciente de la exposición con claridad y precisión de la complejidad del producto y del riesgo que conlleva. Tampoco se viene aceptando como prueba completa la firma del contrato de suscripción de participaciones preferentes, ya que los documentos contractuales emitidos por las Entidades Financieras, la gran mayoría eran parcos en explicaciones y de la lectura de los mismos tampoco se llegaba a crear una consciencia plena del producto financiero suscrito. Es reseñable que existiera test de conveniencia suscrito por los clientes, pero tampoco es prueba definitiva, ya que este test debía verse completado con otras actuaciones propias del cliente, como su experiencia inversora (agresiva o conservadora).
Las consecuencias jurídicas de la nulidad del contrato de participaciones preferentes viene siendo la restitución de las prestaciones. De tal forma que suelen condenar a la entidad financiera comercializadora a retornar el capital invertido al inversor incrementado con el interés legal del dinero desde el momento de la adquisición; pero a su vez, el inversor deberá devolver los intereses o cupones percibidos durante la vida del contrato como remuneración, también incrementados con el interés legal del dinero. Es decir, nulidad del contrato de suscripción de participaciones preferentes como si este no hubiera existido ni desplegado efecto alguno. Por tanto, a la hora de plantear una posible demanda de nulidad será importante conocer la remuneración obtenida por el cliente, en concepto de intereses o cupones, ya que en determinadas ocasiones podría no ser rentable la reclamación judicial.
L’auge primer, i el declivi posterior, de les Caixes d’Estalvi, va posar a descobert la comercialització per les entitats financeres de les participacions preferents. Les participacions preferents compleixen una funció financera de l’entitat de crèdit i computen com a recursos propis, de manera que els diners que s’inverteix en participacions preferents no constitueix un passiu en el balanç de l’entitat de crèdit, per això el valor nominal de la participació preferent no és un deute de l’entitat emissora i per tant el subscriptor d’aquesta participació preferent no té un dret de crèdit enfront de l’entitat. Això fa que, per tant, el capital invertit en participacions preferents no té garantia de devolució, ni hi ha un dret del subscriptor a exigir el nominal invertit, no existint una exigibilitat de recuperació del nominal invertit en el subscriptor. La conseqüència d’això és que el risc del titular de la participació preferent és semblant, encara que no igual, al del titular d’una acció.
La Directiva 2009/111/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre de 2.009 no qualifica la participació preferent com a instrument de deute, sinó com a instrument de capital híbrid al qual s’ha d’aplicar el mateix tractament comptable i financer que reben els recursos propis de l’entitat de crèdit emissora, el que porta a definir-la com un producte financer que presenta alts nivells de risc i complexitat. En aquesta mateixa línia, el Banc d’Espanya les defineix com un instrument financer emès per una societat que no atorga drets polítics a l’inversor, ofereix una retribució fixa condicionada a l’obtenció de beneficis i la durada és perpètua, encara que l’emissor sol reservar-se el dret a amortitzar a partir dels cinc anys.
Per tant, fins al moment està clar, és un instrument financer per obtenir recursos propis, no un dret de crèdit, sense garantia de devolució del capital invertit, i lligat al resultat financer de l’entitat de crèdit emissora.
A tot això cal afegir que les participacions preferents cotitzen en mercats secundaris organitzats a tal efecte. I que la rendibilitat de la participació preferent estarà determinada a l’existència de beneficis o reserves distribuïbles de l’entitat de crèdit. Amb això, passa que la liquiditat de la participació preferent estarà en la seva cotització en el mercat secundari i difícilment tindrà preu en aquest mercat si hi ha absència de rendiments de la mateixa.
Amb tot l’exposat fins ara, cal indicar que les participacions preferents són un producte complex destinat tradicionalment a inversors amb experiència en instruments financers i amb plena consciència que hi ha un risc de pèrdua de la inversió, i de la possible falta de liquiditat immediata .
El caràcter d’instrument financer complex ve determinat en la Llei 24/1988 del Mercat de Valors, on es determina que un producte financer no és complex, quan hi hagi possibilitats freqüents de venda o reemborsament, quan no impliquin pèrdues reals o potencials per al client, que hi hagi informació suficient a disposició del públic, havent de ser una informació comprensible, completa i que permeti saber al client minorista mig els riscos d’aquesta operació financera. És evident doncs, que la participació preferent és un instrument financer complex.
Malgrat aquest caràcter d’instrument financer complex, i que per tant havia d’estar destinat a inversors amb experiència demostrada en aquests productes, va ser comercialitzat de forma generalitzada a tot tipus de persones, i en molts casos, més dels desitjables, a persones sense coneixement específic en matèria financera i amb absoluta falta d’informació. A això, a més cal afegir la vocació de perpetuïtat de la inversió, ja que no li confereix al subscriptor dret de reemborsament i sent la seva transmissió pràcticament nul · la ja que els mercats secundaris d’aquests productes han quedat pràcticament paralitzats a causa del panorama financer.
Per tant cal preguntar-se si hom pot sol · licitar la nul · litat del contracte de subscripció de participacions preferents. Dependrà bastant de la casuística, sent essencial el perfil del subscriptor, la informació facilitada per l’entitat financera, i la comprensió, i acceptació, si escau, del risc de l’operació financera. Cal desgranar tema per tema, veient la persona adquirent de les participacions preferents, la seva cultura financera, la informació que li va ser facilitada en el moment de la comercialització (si era, completa, veraç i suficient), i si, el seu perfil era conservador o per contra estava assumint els riscos derivats de les operacions complexes de crèdit (sent de major remuneració en cas de ser beneficioses, però pot ser fatal per al supòsit de pèrdues de les entitats financeres).
La jurisprudència exigeix a les entitats financeres comercialitzadores la prova de la correcta informació al client. És l’entitat financera comercialitzadora, qui ha de provar davant del Tribunal, que va facilitar al client tota la informació necessària, que a més ha de ser completa, veraç i suficient. No sent prova vàlida la de remetre al fullet normalment lliurat en el moment de la comercialització. Atesa l’especial naturalesa de les participacions preferents s’exigeix una prova fefaent de l’exposició amb claredat i precisió de la complexitat del producte i del risc que comporta. Tampoc es ve acceptant com a prova completa la signatura del contracte de subscripció de participacions preferents, ja que els documents contractuals emesos per les entitats financeres, la gran majoria eren parcs en explicacions i de la lectura dels mateixos tampoc s’arribava a crear una consciència plena del producte financer subscrit. És ressenyable que existís test de conveniència subscrit pels clients, però tampoc és prova definitiva, ja que aquest test s’havia de veure completat amb altres actuacions pròpies del client, com la seva experiència inversora (agressiva o conservadora).
Les conseqüències jurídiques de la nul · litat del contracte de participacions preferents ve sent la restitució de les prestacions. De tal manera que solen condemnar a l’entitat financera comercialitzadora a retornar el capital invertit a l’inversor incrementat amb l’interès legal del diner des del moment de l’adquisició; però alhora, l’inversor haurà de tornar els interessos o cupons percebuts durant la vida del contracte com a remuneració, també incrementats amb l’interès legal del diner. És a dir, nul · litat del contracte de subscripció de participacions preferents com si aquest no hagués existit ni desplegat cap efecte. Per tant, a l’hora de plantejar una possible demanda de nul · litat és important conèixer la remuneració obtinguda pel client, en concepte d’interessos o cupons, ja que en determinades ocasions podria no ser rendible la reclamació judicial.