Modificaciones en la Ley General Tributaria

Dentro del marco de reforma tributaria, la que atañe a la Ley General Tributaria es de un especial calado que afecta a varios artículos de su texto. Unas modificaciones son meramente técnicas, otras incorporan preceptos para cubrir vacíos legales y otro grupo de medidas tienen como objetivo la persecución del fraude fiscal.

Con fecha 22 de septiembre se ha publicado en el BOE número 227 la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria con entrada en vigor a los 20 días de su publicación, esto es, el día 12 de octubre de 2015.

Detallamos seguidamente las modificaciones que tienen un mayor interés general, con especial atención en aquellas que la ley establece con precisión cuándo empezarán a aplicarse.

 

MODIFICACIONES CON ENTRADA EN VIGOR DISTINTA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2015

Conflicto en la aplicación de la norma. (Art. 15, 159, 179 y 206 bis) (DT Única.1)

Una de las modificaciones consiste en la posibilidad de imponer sanciones cuando se deja de ingresar, se obtienen devoluciones o se acreditan indebidamente cantidades a compensar, en casos en que se declara conflicto en la aplicación de la norma, si la Administración acredita que existe una igualdad, al menos sustancial, entre el caso regularizado y otros sobre los que se hubiera hecho público un criterio administrativo antes de presentarse la declaración que se regulariza.

Sancionar esta conducta sólo será factible en casos de conflictos que correspondan a periodos cuyo plazo de liquidación finalice con posterioridad al 12 de octubre de 2015.

Prescripción. (arts. 66 bis, 68, 70 y 115). (DT Única. 2 y 3)

El periodo especial de 10 años de prescripción del derecho de la Administración para iniciar procedimientos de comprobación de bases negativas, de cuotas pendientes o de deducciones pendientes de compensar, y la posibilidad de que la Administración compruebe sin límite temporal actos, hechos, actividades, valores o negocios será aplicable en los procedimientos de comprobación iniciados hasta el 12 de octubre próximo si en esta fecha no se ha formalizado propuesta de liquidación.

En cuanto a la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria respecto a un tributo, interrumpe el plazo de prescripción de ese derecho y del derecho a solicitar devoluciones por el obligado tributario en relación con una obligación conexa, se prevé que dicha modificación entre en vigor cuando la interrupción de aquel derecho se produzca a partir de 12 de octubre de 2015.

Lista de deudores a la Hacienda Pública. (art. 95 y 95 bis) (DT Única.4)

El primer listado de deudores se publicará en el último trimestre de 2015 y tomará como fecha de referencia el pasado 31 de julio. La publicación se efectuará en el primer semestre de cada año mediante Orden Ministerial.

Tasación pericial contradictoria. (art. 135) (DT Única.5)

Las modificaciones en este ámbito, respecto a la suspensión del plazo para iniciar el expediente sancionador cuando se solicita la tasación pericial contradictoria sólo serán aplicables a las solicitudes de tasación presentadas a partir de 12 de octubre de 2015.

Nuevos plazos en el procedimiento de Inspección. (art. 150) (DT Única 6)

Los nuevos plazos (18 meses con carácter general y 27 meses si concurren determinadas circunstancias), así como la nueva forma de computarlos (sin tener en cuenta periodos de interrupción injustificada ni dilaciones no imputables a la Administración) se aplicarán a las inspecciones iniciadas a partir de 12 de octubre de 2015.

La previsión de que en caso de retroacción de actuaciones por resolución judicial o económico-administrativa, si se apreciaran defectos formales, deben finalizar en el plazo que reste de los 18 o de los 27 meses o en el de 6 meses, si este último es superior, será aplicable cuando el expediente se haya recibido, por el órgano competente para ejecutar la resolución, a partir del 12 de octubre próximo.

Reducción de sanciones por presentar por medios tradicionales declaraciones o datos que se hubieran de presentar electrónicamente (DT Única.6)

Por el principio general aplicable a los procedimientos sancionadores, inspirado en los principios de procedimiento penal, esta rebaja se producirá en procedimientos que no sean firmes el 12 de octubre próximo, y será exigible por lo tanto, también en vía jurisdiccional.

Modificaciones en el procedimiento económico-administrativo. (arts. 229, 230, 233, 234, 235, 242, 245, 246, 247) (DT Única.7)

La nueva obligación de presentar las reclamaciones económico-administrativas en la Sede Electrónica del órgano que dictó el acto que se reclama, para reclamantes obligados a recibir notificaciones electrónicas (todas las S.A. y S.L. por ejemplo) o la acreditación de la representación voluntaria automática en este procedimiento si fue admitida en el procedimiento por el que se dictó el acto impugnado o la nueva regulación del procedimiento abreviado, entre otras cuestiones, serán aplicables en reclamaciones y recursos interpuestos desde el día 12 de octubre de 2015.

Igualmente tendrán efectos desde el día 12 de octubre de 2015:

Las modificaciones en este procedimiento en relación con las garantías aportadas para suspender el acto de regularización y sobre la propia suspensión.

En casos de silencio administrativo, en los que se puede interponer la reclamación desde el día siguiente al que produzca sus efectos y por lo tanto se prevén los efectos de la resolución expresa que se pueda dictar después.

La posibilidad de que el reclamante en cumplimiento de una resolución, emita una factura en nombre y por cuenta del reclamado, se aplicará en resoluciones dictadas después del 12 de octubre.

La puesta de manifiesto electrónica que se prevé en determinados supuestos no entrará en vigor hasta la fecha que disponga una Orden Ministerial que se publicará en la Sede Electrónica de los TEAs.

Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito fiscal. (art. 250)  (DT Única.8)

Este procedimiento que se regula ex novo se aplicará en procedimientos iniciados antes del 12 de octubre de 2015 si todavía en este fecha no se ha pasado el tanto de culpa a la correspondiente jurisdicción o no se haya remitido el expediente al Ministerio Fiscal y concurren los indicios de existencia de delito fiscal.

Respecto a la posibilidad de declarar la responsabilidad de quienes hubieran causado o colaborado en la realización de actos que den lugar a una liquidación relativa a un expediente de delito y se encuentren imputados penalmente en el proceso, se establece que podrá declararse dicha responsabilidad cuando la infracción no hubiera podido declararse antes del 12 de octubre de 2015.

Posibilidad de regular reglamentariamente la obligación de aportación o llevanza de Libros Registro por medios telemáticos (arts. 29 y 200) (DF.12.1)

Esta disposición entrará en vigor el día uno de enero de 2017.

Infracciones y sanciones determinadas en la Ley de Represión del Contrabando (DF.12.2)

Las modificaciones en relación con infracciones y sanciones previstas en la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando entrarán en vigor el día 22 de diciembre de 2015.

 

MODIFICACIONES CON ENTRADA EN VIGOR DESDE EL 12 DE OCTUBRE DE 2015

Interpretación de las normas tributarias (art. 12)

Se explicita la facultad de los órganos de la Administración, que elaboran disposiciones tributarias y que tienen la competencia para contestar consultas, para dictar disposiciones interpretativas vinculantes para los órganos de la Administración encargados de la aplicación de los tributos.

Conflicto en la aplicación de la norma tributaria (arts. 15, 159, 179, 206 bis y DT única)

Ya no se excluye la posibilidad de imponer sanciones cuando se aprecie conflicto en la aplicación de la norma tributaria. Esto es aplicable a conflictos correspondientes a periodos cuyo plazo de liquidación finalice después de la entrada en vigor de esta ley.

Obligaciones formales (art. 29)

Se prevé la posibilidad de exigir que la llevanza de los libros registro se deba efectuar por medios telemáticos.

Aplazamiento y fraccionamiento de pago (art. 65)

No podrán aplazarse ni fraccionarse las deudas tributarias resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, previendo que dicha solicitud sea inadmitida.

Prescripción (arts. 66 bis, 68,70 y 115)

– Imprescriptibilidad: no prescribirá el derecho de la Administración tributaria a comprobar e investigar hechos, actos, elementos, explotaciones y valores producidos en ejercicios prescritos, a efectos de determinar la deuda por la Administración tributaria, cuando sea necesaria dicha comprobación para determinar la deuda tributaria en ejercicios no prescritos.

En estas comprobaciones la Administración podrá calificar con arreglo a la verdadera naturaleza de las operaciones, declarar el conflicto en la aplicación de la norma o, en supuestos de simulación, considerar el hecho imponible efectivamente realizado, si bien sólo para regularizar ejercicios no prescritos.

– Se establece un plazo especial de prescripción para el derecho de la Administración a iniciarl la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensar, de 10 años, plazo que comienza el día siguiente al fin del plazo de la presentación de la declaración correspondiente.

Aunque transcurra dicho plazo, el contribuyente tendrá que aportar la autoliquidación en que se incluyeron las bases o cuotas a compensar o a deducir cuando se comprueben ejercicios no prescritos en los que tengan incidencia.

– Estas nuevas normas de alargamiento de la prescripción se aplicarán en los procedimientos de comprobación e investigación iniciados, y sin propuesta de liquidación, a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley.

Medidas cautelares (art. 81)

Se amplía el plazo de duración de las medidas cautelares, actualmente fijado en seis meses, cuando las mismas se adopten en el procedimiento de liquidación vinculado a un delito contra la Hacienda Pública. En este caso los efectos de las medidas cautelares, cesarán en el plazo de 24 meses desde su adopción.

Colaboración social (art. 92)

Se abre la posibilidad de que la colaboración social pueda instrumentarse con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal para facilitar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias.

Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria (art. 95, 95 bis y DT única)

– La información tributaria podrá revelarse o publicarse cuando dicha publicación venga impuesta por la normativa de la Unión Europea.

– La Administración acordará la publicación periódica de listados de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias, de manera periódica, cuando concurran las siguientes circunstancias:

Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso supere el importe de 1.000.000 de euros.

Que las deudas o sanciones no se hubieran pagado en voluntaria, sin incluir las aplazadas o suspendidas.

Normas sobre medios y valoración de la prueba (art. 106)

La factura dejará de ser un medio de prueba privilegiado para demostrar la existencia de una operación, lo que quiere decir que si la Administración cuestiona fundamentadamente su efectividad, al obligado le incumbe aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones.

Presunciones en materia tributaria (art. 108)

En el caso de obligaciones tributarias con periodos de liquidación inferior al año, como ocurre por ejemplo en el IVA, podrá la Administración realizar una distribución lineal de la cuota diferencial anual que resulte, entre los periodos de liquidación correspondientes, cuando no pueda atribuirla a un periodo de liquidación concreto y el obligado tributario, requerido expresamente a tal efecto, no justifique un reparto temporal diferente.

Declaración tributaria (art. 119)

Cuando la Administración practique una liquidación tributaria sólo tendrá en cuenta las cantidades que el obligado tributario tuviera pendientes de compensar o deducir en el momento de iniciarse el procedimiento administrativo. Los contribuyentes no podrán modificar las cantidades pendientes mediante la presentación de declaraciones complementarias o solicitudes de rectificación una vez iniciado el procedimiento de aplicación de los tributos.

Tasación pericial contradictoria (art. 135)

La solicitud por el interesado de la tasación pericial contradictoria suspenderá el plazo para iniciar el procedimiento sancionador o, si este se hubiera iniciado, el plazo máximo para su terminación.

Procedimiento de comprobación limitada (art. 136)

Se da la opción a que los contribuyentes aporten voluntariamente la documentación contable para acreditar la contabilización de determinadas operaciones. En estos casos la Administración podrá examinar dicha documentación a los solos efectos de contrastar dichos datos con los suyos. El examen de la documentación mercantil no impedirá ni limitará la ulterior comprobación de las operaciones en un procedimiento de inspección.

Nuevos plazos de las actuaciones inspectoras (art. 150 y DT única)

Se establece un plazo de 18 meses con carácter general, y de 27 meses cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Que el volumen de la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar cuentas (5.700.000 euros).

Que el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de entidades que esté siendo objeto de comprobación inspectora.

Al contrario de lo que ocurre ahora y de lo que seguirá sucediendo en el resto de procedimientos, ya no se tendrá en cuenta para el cómputo del plazo los periodos de interrupción justificada ni las dilaciones no imputables a la Administración. Se suprime también la interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar actuaciones durante más de 6 meses por causas no imputables al obligado tributario.

Método de estimación indirecta (art. 158)

Se enumeran las fuentes de las que pueden proceder los datos para que la Administración aplique este método.

Sujetos infractores (art. 181.1.d)

Se sustituye, en el caso del grupo fiscal, como sujeto infractor, a la entidad dominante por la entidad representante del grupo, consecuencia directa del nuevo perímetro de consolidación establecido por la Ley 27/2014 que permite consolidar a entidades dependientes de una no residente.

Sanciones (art. 199 y 200)

– Se rebaja el importe de la sanción, de 1.500 a 250 euros, por presentar declaraciones informativas por medios tradicionales cuando existe obligación de presentarlas por vía telemática.

– Se tipifica como infracción tributaria el retraso en la obligación de llevar libros registro a través de la Sede Electrónica de la AEAT mediante el suministro de los registros de facturación, sancionándose con multa proporcional del 0,5 por 100 del importe de la factura, con mínimo trimestral de 300 euros y máximo de 6.000 euros.

Terminación de procedimiento sancionador (art. 211)

Se sigue fijando una duración máxima del procedimiento en 6 meses, pero se podrá prorrogar cuando se hubiera iniciado y concurran en el procedimiento inspector las circunstancias para ampliar el plazo por haber aportado el obligado tributario la documentación tarde o cuando se hayan apreciado las circunstancias para aplicar la estimación indirecta de bases y después se aporten datos o documentos conforme a lo previsto en el art. 150.5.

Devolución de ingresos indebidos (art. 221.1.c)

Se excepciona de la devolución de ingresos indebidos los importes satisfechos, una vez transcurridos los plazos de prescripción, con motivo de la regularización voluntaria prevista en el nuevo art. 252.

Recurso de reposición (art. 224.5 y 225.2)

Cuando se solicite la suspensión de una deuda recurrida, relacionada con una obligación conexa, las garantías que hayan de aportar para suspender el acto administrativo deben de garantizar también los importes que deban de reintegrarse de la obligación conexa.

Nuevas competencias de los Tribunales Económico-Administrativos (art. 229)

– Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC): Podrá conocer los recursos extraordinarios de alzada para la unificación de criterio y podrá promover la adopción de una resolución de unificación de criterio cuando existan resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales o Locales        que apliquen criterios distintos a los contenidos en resoluciones de otros Tribunales Económico-Administrativos, o que revistan especial trascendencia.

– Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEARs): Cuando existan resoluciones de una Sala desconcentrada de un TEAR que no se adecuen a los criterios del Tribunal Regional o que sean contrarios a los de otra Sala desconcentrada del mismo Tribunal, o que revistan especial trascendencia, el Presidente podrá promover la adopción de una resolución de fijación de criterio.

Notificación electrónica (art. 234.4)

Se da la posibilidad de notificar los actos y resoluciones a los interesados mediante publicación en la sede electrónica de los Tribunales Económico-Administrativos. Será obligatoria la notificación electrónica cuando los reclamantes estén obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones y sea obligatoria la interposición de la reclamación por esta vía.

Práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública (art. 250)

– En aquellos supuestos en los que la Administración Tributaria aprecie indicios de delito, continuará con la tramitación del procedimiento, sin perjuicio de que pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal.

– La Administración procederá a dictar liquidación de los elementos de la obligación tributaria separando en liquidaciones distintas aquellos en los cuales no se aprecie delito de los que sí se considera que pudiera existir delito.

– La Administración se abstendrá de iniciar o, en su caso, continuar, con el procedimiento sancionador correspondiente en los supuestos en los que se aprecie indicio de delito.

Dins el marc de reforma tributària, la qual afecta la Llei general tributària és d’un especial calat que afecta diversos articles del seu text. Unes modificacions són merament tècniques, altres incorporen preceptes per cobrir buits legals i un altre grup de mesures tenen com a objectiu la persecució del frau fiscal.

Amb data 22 de setembre s’ha publicat al BOE número 227 la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària amb entrada en vigor als 20 dies de seva publicació, és a dir, el dia 12 octubre 2015.

Detallem tot seguit les modificacions que tenen un major interès general, amb especial atenció a aquelles que la llei estableix amb precisió quan començaran a aplicar-se.

MODIFICACIONS AMB ENTRADA EN VIGOR DIFERENT DEL 12 D’OCTUBRE DE 2015

Conflicte en l’aplicació de la norma. (Art. 15, 159, 179 i 206 bis) (DT única.1)

Una de les modificacions consisteix en la possibilitat d’imposar sancions quan es deixa d’ingressar, s’obtenen devolucions o s’acrediten indegudament quantitats a compensar, en casos en què es declara conflicte en l’aplicació de la norma, si l’Administració acredita que hi ha una igualtat , almenys substancial, entre el cas regularitzat i altres sobre els que s’hagués fet públic un criteri administratiu abans de presentar-la declaració que es regularitza.

Sancionar aquesta conducta només serà factible en casos de conflictes que corresponguin a períodes el termini de liquidació finalitzi amb posterioritat al 12 octubre 2015.

Prescripció. (arts. 66 bis, 68, 70 i 115). (DT Única. 2 i 3)

El període especial de 10 anys de prescripció del dret de l’Administració per iniciar procediments de comprovació de bases negatives, de quotes pendents o de deduccions pendents de compensar, i la possibilitat que l’Administració comprovi sense límit temporal actes, fets, activitats, valors o negocis serà aplicable en els procediments de comprovació iniciats fins al 12 d’octubre pròxim si en aquesta data no s’ha formalitzat proposta de liquidació.

Pel que fa a la interrupció del termini de prescripció del dret de l’Administració a determinar el deute tributari respecte a un tribut, interromp el termini de prescripció d’aquest dret i del dret a sol·licitar devolucions per l’obligat tributari en relació amb una obligació connexa, es preveu que aquesta modificació entri en vigor quan la interrupció d’aquell dret es produeixi a partir de 12 octubre 2015.

Llista de deutors a la Hisenda Pública. (art. 95 i 95 bis) (DT Única.4)

El primer llistat de deutors es publicarà en l’últim trimestre de 2015 i prendrà com a data de referència el passat 31 de juliol. La publicació s’efectuarà en el primer semestre de cada any mitjançant una ordre ministerial.

Taxació pericial contradictòria. (art. 135) (DT Única.5)

Les modificacions en aquest àmbit, respecte a la suspensió del termini per iniciar l’expedient sancionador quan se sol·licita la taxació pericial contradictòria només seran aplicables a les sol·licituds de taxació presentades a partir de 12 octubre 2015.

Nous terminis en el procediment d’inspecció. (art. 150) (DT Única 6)

Els nous terminis (18 mesos amb caràcter general i 27 mesos si concorren determinades circumstàncies), així com la nova forma de computar-(sense tenir en compte períodes d’interrupció injustificada ni dilacions no imputables a l’Administració) s’aplicaran a les inspeccions iniciades a partir de 12 octubre 2015.

La previsió que en cas de retroacció d’actuacions per resolució judicial o economicoadministrativa, si s’apreciessin defectes formals, han de finalitzar en el termini que resti dels 18 o dels 27 mesos o en el de 6 mesos, si aquest últim és superior, serà aplicable quan l’expedient s’hagi rebut, per l’òrgan competent per a executar la resolució, a partir del 12 d’octubre pròxim.

Reducció de sancions per presentar per mitjans tradicionals declaracions o dades que s’haguessin de presentar electrònicament (DT Única.6)

Pel principi general aplicable als procediments sancionadors, inspirat en els principis de procediment penal, aquesta rebaixa es produirà en procediments que no siguin fermes el 12 d’octubre vinent, i serà exigible per tant, també en via jurisdiccional.

Modificacions en el procediment econòmic-administratiu. (arts. 229, 230, 233, 234, 235, 242, 245, 246, 247) (DT Única.7)

La nova obligació de presentar les reclamacions economicoadministratives en la seu electrònica de l’òrgan que va dictar l’acte que es reclama, per reclamants obligats a rebre notificacions electròniques (totes les SA i SL per exemple) o l’acreditació de la representació voluntària automàtica en aquest procediment si va ser admesa en el procediment pel qual es va dictar l’acte impugnat o la nova regulació del procediment abreujat, entre altres qüestions, seran aplicables en reclamacions i recursos interposats des del dia 12 octubre 2015.

Igualment tindran efectes des del dia 12 d’octubre de 2015:

– Les modificacions en aquest procediment en relació amb les garanties aportades per suspendre l’acte de regularització i sobre la pròpia suspensió.

– En casos de silenci administratiu, en els quals es pot interposar la reclamació des del dia següent al que produeixi els seus efectes i per tant es preveuen els efectes de la resolució expressa que es pugui dictar després.

– La possibilitat que el reclamant en compliment d’una resolució, emeti una factura en nom i per compte del reclamat, s’aplicarà en resolucions dictades després del 12 d’octubre.

La posada de manifest electrònica que es preveu en determinats supòsits no entrarà en vigor fins a la data que disposi una ordre ministerial que es publicarà a la seu electrònica dels teas.

Actuacions i procediments d’aplicació dels tributs en supòsits de delicte fiscal. (art. 250) (DT Única.8)

Aquest procediment que regula ex novo s’aplicarà en procediments iniciats abans del 12 d’octubre de 2015 si encara en aquest data no s’ha passat el tant de culpa a la corresponent jurisdicció o no s’hagi remès l’expedient al ministeri fiscal i concorren els indicis d’existència de delicte fiscal.

Respecte a la possibilitat de declarar la responsabilitat dels qui hagin causat o col·laborat en la realització d’actes que donin lloc a una liquidació relativa a un expedient de delicte i es troben imputats penalment en el procés, s’estableix que podrà declarar aquesta responsabilitat quan la infracció no hagués pogut declarar abans del 12 octubre 2015.

Possibilitat de regular per reglament l’obligació d’aportació o portar de llibres de registre per mitjans telemàtics (arts. 29 i 200) (DF.12.1)
Aquesta disposició entrarà en vigor el dia 1 gener 2017.

Infraccions i sancions determinades en la Llei de repressió del contraban (DF.12.2)
Les modificacions en relació amb infraccions i sancions previstes en la Llei Orgànica 12/1995 de repressió del contraban entraran en vigor el dia 22 desembre 2015.

MODIFICACIONS AMB ENTRADA EN VIGOR DES DEL 12 D’OCTUBRE DE 2015

Interpretació de les normes tributàries (art. 12)

S’explicita la facultat dels òrgans de l’Administració, que elaboren disposicions tributàries i que tenen la competència per contestar consultes, per dictar disposicions interpretatives vinculants per als òrgans de l’Administració encarregats de l’aplicació dels tributs.

Conflicte en l’aplicació de la norma tributària (art. 15, 159, 179, 206 bis i DT única)
Ja no s’exclou la possibilitat d’imposar sancions quan s’apreciï conflicte en l’aplicació de la norma tributària. Això és aplicable a conflictes corresponents a períodes el termini de liquidació finalitzi després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Obligacions formals (art. 29)
Es preveu la possibilitat d’exigir que la gestió dels llibres registre s’hagi d’efectuar per mitjans telemàtics.

Ajornament i fraccionament de pagament (art. 65)
No podran ajornar-se ni fraccionar els deutes tributaris resultants de l’execució de decisions de recuperació d’ajudes d’Estat que afectin l’àmbit tributari, sempre que aquesta sol·licitud sigui admesa.

Prescripció (arts. 66 bis, 68,70 i 115)

– Imprescriptibilitat: no prescriurà el dret de l’Administració tributària a comprovar i investigar fets, actes, elements, explotacions i valors produïts en exercicis prescrits, als efectes de determinar el deute per l’Administració tributària, quan sigui necessària la comprovació per determinar el deute tributari en exercicis no prescrits.

En aquestes comprovacions l’Administració podrà qualificar d’acord amb la veritable naturalesa de les operacions, declarar el conflicte en l’aplicació de la norma o, en supòsits de simulació, considerar el fet imposable efectivament realitzat, si bé només per regularitzar exercicis no prescrits.

– S’estableix un termini especial de prescripció per al dret de l’Administració a iniciarl la comprovació de bases o quotes compensades o pendents de compensar, de 10 anys, termini que comença el dia següent a la fi del termini de la presentació de la declaració corresponent.

Encara transcorri aquest termini, el contribuent haurà d’aportar l’autoliquidació en què es van incloure les bases o quotes a compensar oa deduir quan es comprovin exercicis no prescrits en els quals tinguin incidència.

– Aquestes noves normes d’allargament de la prescripció s’aplicaran en els procediments de comprovació i investigació iniciats, i sense proposta de liquidació, a la data d’entrada en vigor de la nova llei.

Mesures cautelars (art. 81)

S’amplia el termini de durada de les mesures cautelars, actualment fixat en sis mesos, quan les mateixes s’adoptin en el procediment de liquidació vinculat a un delicte contra la Hisenda Pública. En aquest cas els efectes de les mesures cautelars, cessaran en el termini de 24 mesos des de la seva adopció.

Col·laboració social (art. 92)
S’obre la possibilitat que la col·laboració social pugui instrumentar amb els col·legis i associacions de professionals de l’assessoria fiscal per facilitar el compliment cooperatiu de les obligacions tributàries.

Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària (art. 95, 95 bis i DT única)
– La informació tributària pot revelar o publicar quan aquesta publicació sigui imposada per la normativa de la Unió Europea.

– L’Administració acordarà la publicació periòdica de llistats de deutors a la Hisenda Pública per deutes o sancions tributàries, de manera periòdica, quan concorrin les següents circumstàncies:

Que l’import total dels deutes i sancions tributàries pendents d’ingrés superi l’import de 1.000.000 d’euros.

Que els deutes o sancions no s’haguessin pagat en voluntària, sense incloure les ajornades o suspeses.

Normes sobre mitjans i valoració de la prova (art. 106)

La factura deixarà de ser un mitjà de prova privilegiat per demostrar l’existència d’una operació, el que vol dir que si l’Administració qüestiona fonamentadament la seva efectivitat, a l’obligat li incumbeix aportar proves sobre la realitat de les operacions.

Presumpcions en matèria tributària (art. 108)

En el cas d’obligacions tributàries amb períodes de liquidació inferior a l’any, com passa per exemple en l’IVA, podrà l’Administració realitzar una distribució lineal de la quota diferencial anual que resulti, entre els períodes de liquidació corresponents, quan no pugui atribuir a un període de liquidació concret i l’obligat tributari, requerit expressament a aquest efecte, no justifiqui un repartiment temporal diferent.

Declaració tributària (art. 119)

Quan l’Administració practiqui una liquidació tributària només tindrà en compte les quantitats que l’obligat tributari tingui pendents de compensar o deduir en el moment d’iniciar el procediment administratiu. Els contribuents no podran modificar les quantitats pendents mitjançant la presentació de declaracions complementàries o sol·licituds de rectificació un cop iniciat el procediment d’aplicació dels tributs.

Taxació pericial contradictòria (art. 135)

La sol·licitud per l’interessat de la taxació pericial contradictòria suspendrà el termini per a iniciar el procediment sancionador o, si aquest s’hagués iniciat, el termini màxim per a la seva terminació.

Procediment de comprovació limitada (art. 136)

Es dóna l’opció a què els contribuents aportin voluntàriament la documentació comptable per acreditar la comptabilització de determinades operacions. En aquests casos l’Administració podrà examinar aquesta documentació només als efectes de contrastar aquestes dades amb els seus. L’examen de la documentació mercantil no impedirà ni limitarà la ulterior comprovació de les operacions en un procediment d’inspecció.

Nous terminis de les actuacions inspectores (art. 150 i DT única)

S’estableix un termini de 18 mesos amb caràcter general, i de 27 mesos quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

Que el volum de la xifra anual de negocis de l’obligat tributari sigui igual o superior al requerit per auditar comptes (5.700.000 euros).

Que l’obligat tributari estigui integrat en un grup sotmès al règim de consolidació fiscal o al règim especial d’entitats que estigui sent objecte de comprovació inspectora.

Al contrari del que passa ara i del que seguirà succeint en la resta de procediments, ja no es tindrà en compte per al còmput del termini els períodes d’interrupció justificada ni les dilacions no imputables a l’Administració. Se suprimeix també la interrupció injustificada del procediment inspector per no realitzar actuacions durant més de 6 mesos per causes no imputables a l’obligat tributari.

Mètode d’estimació indirecta (art. 158)

S’enumeren les fonts de les que poden procedir les dades perquè l’Administració apliqui aquest mètode.

Subjectes infractors (art. 181.1.d)

Se substitueix, en el cas del grup fiscal, com a subjecte infractor, a l’entitat dominant per l’entitat representant del grup, conseqüència directa del nou perímetre de consolidació que estableix la Llei 27/2014 que permet consolidar a entitats dependents d’una no resident.

Sancions (art. 199 i 200)

– Es rebaixa l’import de la sanció, de 1.500 a 250 euros, per presentar declaracions informatives per mitjans tradicionals quan hi ha obligació de presentar-les per via telemàtica.

– Es tipifica com a infracció tributària el retard en l’obligació de portar llibres registre a través de la Seu Electrònica de l’AEAT mitjançant el subministrament dels registres de facturació, sancionant amb multa proporcional del 0,5 per 100 de l’import de la factura, amb mínim trimestral de 300 euros i màxim de 6.000 euros.

Terminació de procediment sancionador (art. 211)

Se segueix fixant una durada màxima del procediment en 6 mesos, però es podrà prorrogar quan s’hagi iniciat i concorrin en el procediment inspector les circumstàncies per ampliar el termini per haver aportat l’obligat tributari la documentació tarda o quan s’hagin apreciat les circumstàncies per aplicar l’estimació indirecta de bases i després s’aporten dades o documents d’acord amb el que preveu l’art. 150.5.

Devolució d’ingressos indeguts (art. 221.1.c)

S’excepciona de la devolució d’ingressos indeguts dels imports satisfets, un cop transcorreguts els terminis de prescripció, amb motiu de la regularització voluntària prevista en el nou art. 252.

Recurs de reposició (art. 224.5 i 225.2)

Quan se sol·liciti la suspensió d’un deute objecte de recurs, relacionada amb una obligació connexa, les garanties que hagin d’aportar per suspendre l’acte administratiu deuen garantir també els imports que hagin de reintegrar-se de l’obligació connexa.

Noves competències dels tribunals economicoadministratius (art. 229)

– Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC): Podrà conèixer els recursos extraordinaris d’alçada per a la unificació de criteri i pot promoure l’adopció d’una resolució d’unificació de criteri quan hi hagi resolucions dels tribunals economicoadministratius regionals o locals que apliquin criteris diferents als continguts en resolucions d’altres tribunals economicoadministratius, o que tinguin especial transcendència.

– Tribunals economicoadministratius regionals (Tears): Quan hi hagi resolucions d’una Sala desconcentrada d’un TEAR que no s’adeqüen als criteris del Tribunal Regional o que siguin contraris als d’una altra sala desconcentrada del mateix Tribunal, o que tinguin especial transcendència, el president podrà promoure l’adopció d’una resolució de fixació de criteri.

Notificació electrònica (art. 234.4)

Es dóna la possibilitat de notificar els actes i resolucions als interessats mitjançant publicació a la seu electrònica dels tribunals economicoadministratius. Serà obligatòria la notificació electrònica quan els reclamants estiguin obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions i sigui obligatòria la interposició de la reclamació per aquesta via.

Pràctica de liquidacions en cas d’existència d’indicis de delicte contra la Hisenda Pública (art. 250)

– En aquells supòsits en què l’Administració Tributària apreciï indicis de delicte, continuarà amb la tramitació del procediment, sense perjudici que passi el tant de culpa a la jurisdicció competent o es remeti l’expedient al ministeri fiscal.

– L’Administració ha de dictar liquidació dels elements de l’obligació tributària separant en liquidacions diferents aquells en els quals no s’apreciï delicte dels que sí es considera que pogués existir delicte.

– L’Administració s’abstindrà d’iniciar o, si s’escau, continuar, amb el procediment sancionador corresponent en els supòsits en què s’apreciï indici de delicte.