- 5 abril, 2017
- Categorias: Compliance Penal, Empresas, Legal
Cuando una empresa implanta un plan de prevención de riesgos penales, idóneo, eficaz y que se ejecuta, alcanzando la plena implantación del mismo en el seno de la empresa, no sólo tiene un gran impacto en la modificación de la responsabilidad de la sociedad en caso de la comisión de un delito, sino que la misma organización se beneficia en disponer de un mapa más preciso de sus responsables, sus procesos de toma de decisiones, sus controles y su cumplimiento.
Lo importante es que el sistema implantado sea idóneo, es decir, que sea específico para cada empresa, como un «traje a medida», y que la sociedad lo ejecute de verdad y con efectividad: Un plan de Prevención de Riesgos Penales no un modelo estandarizado que se convierte en papel mojado, ya que si no resultará totalmente ineficaz a efectos de lograr su finalidad, es decir, la exención de la responsabilidad penal de la empresa.
Para ello, es necesario que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado estas medidas de control, que la sociedad disponga de un órgano específico de supervisión del funcionamiento del Plan, figura que se conoce como «Compliance Officer«, que haya sanciones, a través de un régimen disciplinario interno, en caso de incumplimiento fraudulento de las normas de la sociedad y, por supuesto, que los directivos y el personal hayan recibido una formación, en esta materia, adecuada y continua.
En suma, eximir la responsabilidad penal a la persona jurídica es posible, siempre que se disponga de un plan de prevención de riesgos penales y que esté debidamente implantado en la empresa, sea eficaz y supervisado.
Esta razón es lo suficientemente poderosa como para que los socios o los miembros del órgano de administración lo pongan en marcha. Los primeros, para evitar pérdidas importantes por sanción o cierre de actividades, o cualquier otra sanción prevista en su código penal y los segundos, para salvaguardar su propia responsabilidad.
Y tan importante como cumplir con las exigencias legales, es el hecho de adquirir una cultura de buen gobierno, de control de riesgos, así como establecer códigos éticos en la empresa, que a corto, medio y largo plazo, hechos que le beneficiarán por el incremento de la transparencia y del valor reputacional de su compañía.
Por lo tanto, ¿cuáles son sus tres principales beneficios a la hora de implantar un plan de prevención de riesgos penales en su empresa?
1. La implantación eficaz del plan atenúa o exonera la responsabilidad de la sociedad y de sus administradores en caso de la comisión de un delito, pues la empresa dispondrá de un mapa de responsables, procesos de toma de decisiones, controles y cumplimiento.
2. Hacer el «traje a medida», cada plan de prevención de riesgos penales es elaborado para las necesidades específicas de cada empresa y sus posibles áreas de riesgo con el objetivo de conseguir la exención de la responsabilidad penal frente a las conductas delictivas.
3. Adquirir una cultura empresarial de buen gobierno, la ética y control de riesgos incrementa la transparencia y el valor reputacional de la compañía.
En definitiva, el modelo de prevención de riesgos penales debe contener las medidas, que de conformidades con la naturaleza de su empresa, tamaño de la organización, así como el tipo de actividad que desarrolle, éstas sean conforme a Ley y permitan la detección rápida y prevención de situaciones de riesgo penal.
Sílvia Sallarès
Directora de Área Legal de JDA/SFAI.