- 2 febrero, 2016
- Categorias: Compliance Penal, Legal
El pasado 22 de enero se publicó la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma de Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
Entre diversas cuestiones, y a los efectos que nos interesa, la Circular analiza las condiciones que permite a la persona jurídica eximirse de responsabilidad penal: la existencia de un modelo de organización y gestión eficaz en materia penal.
La Circular se refiere a los elementos que deben reunir los modelos de conformidad con el artículo 31 bis del Código Penal y del órgano de control interno. También lleva a cabo un detalle de los criterios de valoración que deben regir la acusación del Ministerio Fiscal.
A continuación resumiremos los aspectos que consideramos más destacados
1. Características y requisitos de los modelos de prevención o corporate compliance
La primera condición del apartado 2 del art. 31 bis impone al órgano de administración que haya “adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión”, de los que solo demanda que contengan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Los requisitos de tales modelos se establecen en el apartado 5 del art. 31 bis:
1. Identificaran las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. La organización deberá contar con procedimientos que permitan identificar, evaluar, gestionar y controlar riesgos penales a los que está expuesto por razón de su actividad.
2. Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos. Es importante garantizar altos estándares éticos dentro de la organización.
3. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
4. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. El canal de denuncias se configura como un elemento importante que permita la detección.
5. Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
6.Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.
Los programas deben ser claros, precisos y eficaces y, desde luego, redactados por escrito. No basta la existencia de un programa, por completo que sea, sino que deberá acreditarse su adecuación para prevenir el concreto delito que se ha cometido, debiendo realizarse a tal fin un juicio de idoneidad entre el contenido del programa y la infracción. Por ello, los modelos de organización y gestión deben estar perfectamente adaptados a la empresa y a sus concretos riesgos.
Por ello, y tal como destaca la Fiscalía, no sirve una copia de programas elaborados por otras compañías, sino que debe ser desarrollado para la propia organización, lo que mostrará el verdadero compromiso de la empresa en la prevención de conductas delictivas. El compromiso de la empresa, como luego repetiremos, es uno de los aspectos que la Fiscalía entiende que debe valorarse para aplicar la exención de responsabilidad.
2. Características del Órgano de Control
La Circular también hace referencia a otro de los requisitos para la exención de responsabilidad de las personas jurídicas: La existencia de un órgano específico encargado de su vigilancia y supervisión.
Puede estar constituido por una o varias personas, con la suficiente formación y autoridad.
Deberá participar en la elaboración de los modelos de organización y gestión de riesgos y asegurar su buen funcionamiento, estableciendo sistemas de vigilancia y control.
Aunque debe ser un órgano de la persona jurídica, no implica que deba desempeñar de por sí todas las tareas que configuran su función y se valora positivamente la externalización de algunas de sus funciones en un órgano externo, señalando que algunas de ellas incluso resultarán más eficaces cuanto mayor sea su nivel de externalización.
En empresas de pequeñas dimensiones, consideradas como tales, las autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas, las funciones del órgano de control o oficial de cumplimiento las podrá desarrollar directamente el órgano de administración.
3. Criterios para valorar la eficacia de los modelos de prevención
La Circular viene a fijar los criterios a seguir por el Ministerio Público, para valorar si un modelo de prevención es verdaderamente eficaz y, en consecuencia, exime de responsabilidad a la persona jurídica.
La regulación de los modelos de organización y gestión debe interpretarse de manera que el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica no quede vacío de contenido y sea de imposible apreciación en la práctica, es decir, que su implementación no pueda ser usada para eludir la responsabilidad.
El objeto de los modelos de organización y gestión no es solo evitar la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura ética corporativa, de tal modo que su verdadera eficacia reside en la importancia que tales modelos tienen en la toma de decisiones de los dirigentes y empleados y en qué medida constituyen una verdadera expresión de su cultura de cumplimiento. Los programas de prevención establecidos deben expresar un compromiso corporativo que realmente disuada de conductas criminales.
Cualquier programa eficaz depende del inequívoco compromiso y apoyo de la alta dirección para trasladar una cultura de cumplimiento al resto de la compañía. Si son los principales responsables de la entidad quienes incumplen el modelo de organización y de prevención o recompensan o incentivan, directa o indirectamente a los empleados que lo incumplen, difícilmente puede admitirse que exista un programa eficaz, que refleje una verdadera cultura de respeto a la ley en la empresa.
La responsabilidad corporativa debe ser más exigente en los supuestos en los que la conducta criminal redunda principalmente en beneficio de la sociedad que en aquellos otros en que dicho beneficio resulta secundario o meramente tangencial al directa y personalmente perseguido por el delincuente. En estos casos, cabe exigir a la persona jurídica que la contratación o promoción del individuo que delinquió se adecuara a unos protocolos y procedimientos que garanticen altos estándares éticos en la contratación y promoción de directivos y empleados.
Capacidad de detección de los delitos por la propia corporación cumplimiento corporativo.
Se valorará positivamente la firmeza de la respuesta en situaciones precedentes y negativamente la existencia de anteriores procedimientos penales o en trámite, aunque se refieran a conductas delictivas diferentes de la investigada, o previas sanciones en vía administrativa.
Las medidas adoptadas por la persona jurídica tras la comisión del delito pueden acreditar el compromiso de sus dirigentes con el programa de cumplimiento.
El passat 22 de gener es va publicar la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat, sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques d’acord amb la reforma de Codi Penal efectuada per la Llei Orgànica 1/2015
Entre diverses qüestions, i als efectes que ens interessa, la Circular analitza les condicions que permet a la persona jurídica eximir de responsabilitat penal: l’existència d’un model d’organització i gestió eficaç en matèria penal.
La Circular es refereix als elements que han de reunir els models de conformitat amb l’article 31 bis del Codi Penal i de l’òrgan de control intern. També porta a terme un detall dels criteris de valoració que han de regir l’acusació del ministeri fiscal.
A continuació resumirem els aspectes que considerem més destacats
1. Característiques i requisits dels models de prevenció o corporate compliance
La primera condició de l’apartat 2 de l’art. 31 bis imposa a l’òrgan d’administració que hi hagi «adoptat i executat amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, models d’organització i gestió«, dels quals només demanda que continguin les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes de la mateixa naturalesa o per reduir de forma significativa el risc de la comissió. Els requisits de tals models s’estableixen a l’apartat 5 de l’art. 31 bis:
1. Identificaran les activitats en l’àmbit puguin ser comesos els delictes que han de ser previnguts. L’organització ha de disposar de procediments que permetin identificar, avaluar, gestionar i controlar riscos penals als quals està exposat per raó de la seva activitat.
2. Han d’establir els protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, d’adopció de decisions i d’execució de les mateixes amb relació a aquells. És important garantir alts estàndards ètics dins de l’organització.
3. Han de disposar de models de gestió dels recursos financers adequats per impedir la comissió dels delictes que han de ser previnguts.
4. imposaran l’obligació d’informar de possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció. El canal de denúncies es configura com un element important que permeti la detecció.
5. Establiran un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures que estableixi el model.
6.Realizarán una verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les disposicions, o quan es produeixin canvis en l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que els facin necessaris.
Els programes han de ser clars, precisos i eficaços i, per descomptat, redactats per escrit. No n’hi ha prou l’existència d’un programa, per complet que sigui, sinó que haurà d’acreditar la seva adequació per prevenir el concret delicte que s’ha comès, havent de realitzar a tal fi un judici d’idoneïtat entre el contingut del programa i la infracció. Per això, els models d’organització i gestió han d’estar perfectament adaptats a l’empresa i als seus concrets riscos.
Per això, i tal com destaca la Fiscalia, no serveix una còpia de programes elaborats per altres companyies, sinó que ha de ser desenvolupat per la pròpia organització, el que mostrarà el veritable compromís de l’empresa en la prevenció de conductes delictives. El compromís de l’empresa, com després repetirem, és un dels aspectes que la Fiscalia entén que s’ha de valorar per aplicar l’exempció de responsabilitat.
2. Característiques de l’Òrgan de Control
La Circular també fa referència a un altre dels requisits per a l’exempció de responsabilitat de les persones jurídiques: L’existència d’un òrgan específic encarregat de la seva vigilància i supervisió.
Pot estar constituït per una o diverses persones, amb la suficient formació i autoritat.
Haurà de participar en l’elaboració dels models d’organització i gestió de riscos i assegurar el seu bon funcionament, establint sistemes de vigilància i control.
Encara que ha de ser un òrgan de la persona jurídica, no implica que hagi d’exercir de per si totes les tasques que configuren la seva funció i es valora positivament l’externalització d’algunes de les seves funcions en un òrgan extern, assenyalant que algunes d’elles fins i tot resultaran més eficaços com més gran sigui el seu nivell d’externalització.
En empreses de petites dimensions, considerades com a tals, les autoritzades a presentar compte de pèrdues i guanys abreujats, les funcions de l’òrgan de control o oficial de compliment les podrà desenvolupar directament l’òrgan d’administració.
3. Criteris per a valorar l’eficàcia dels models de prevenció
La Circular ve a fixar els criteris a seguir pel Ministeri Públic, per valorar si un model de prevenció és veritablement eficaç i, en conseqüència, eximeix de responsabilitat a la persona jurídica.
La regulació dels models d’organització i gestió s’ha d’interpretar de manera que el règim de responsabilitat penal de la persona jurídica no quedi buit de contingut i sigui d’impossible apreciació en la pràctica, és a dir, que la seva implementació no pugui ser utilitzada per eludir la responsabilitat.
L’objecte dels models d’organització i gestió no és només evitar la sanció penal de l’empresa sinó promoure una veritable cultura ètica corporativa, de tal manera que la seva veritable eficàcia rau en la importància que aquests models tenen en la presa de decisions dels dirigents i empleats i en quina mesura constitueixen una veritable expressió de la seva cultura de compliment. Els programes de prevenció establerts han d’expressar un compromís corporatiu que realment dissuadeixi de conductes criminals.
Qualsevol programa eficaç depèn del inequívoc compromís i suport de l’alta direcció per traslladar una cultura de compliment a la resta de la companyia. Si són els principals responsables de l’entitat que incompleixen el model d’organització i de prevenció o recompensen o incentiven, directament o indirectament als empleats que ho incompleixen, difícilment pot admetre que hi hagi un programa eficaç, que reflecteixi una veritable cultura de respecte a la llei a l’empresa.
La responsabilitat corporativa ha de ser més exigent en els supòsits en què la conducta criminal redunda principalment en benefici de la societat que en aquells altres en què el benefici resulta secundari o merament tangencial al directament i personalment perseguit pel delinqüent. En aquests casos, cal exigir a la persona jurídica que la contractació o promoció de l’individu que va delinquir s’adeqüés a uns protocols i procediments que garanteixin alts estàndards ètics en la contractació i promoció de directius i empleats.
Capacitat de detecció dels delictes per la mateixa corporació compliment corporatiu.
Es valorarà positivament la fermesa de la resposta a situacions precedents i negativament l’existència d’anteriors procediments penals o en tràmit, encara que es refereixin a conductes delictives diferents de la investigada, o prèvies sancions en via administrativa.
Les mesures adoptades per la persona jurídica després de la comissió del delicte poden acreditar el compromís dels seus dirigents amb el programa de compliment.