- 3 marzo, 2015
- Categorias: Empresas
La adaptación a esta cuestión se presume breve, concisa y precisa, ya que el empresario y/o directivo:
a) asume mayor responsabilidad por la implantación de una amplitud de nuevos deberes y obligaciones;
b) adecuarse a la nueva normativa en cuanto a la retribución del cargo de administrador;
c) ha de elaborar un plan de prevención de riesgos penales.
La reciente reforma de la Ley de Sociedades de Capital va dirigida a la mejora del gobierno corporativo en un intento de que las sociedades mercantiles generen valor a través de la eficiencia económica y la recuperación de la confianza. Esta reforma va dirigida a reforzar el papel de la Junta General, reforzar la transparencia, la eficiencia económica y exigir una mayor profesionalización de los administradores y directivos.
Intentaremos dar unas pinceladas sobre los aspectos más controvertidos de la reforma y que afectan a su día a día, tanto en su condición de socios como en su condición de administradores de sociedades mercantiles.
En primer lugar, en su condición de socios deben aparcar la vieja idea de la Junta General como convidado de piedra. El papel de la Junta General, y por lo tanto de los socios, ha adquirido con la reforma una mayor relevancia. En este sentido, tanto en S.A. como en S.L. (antes sólo se podía en S.L.), la Junta puede impartir instrucciones al órgano de administración sobre determinados asuntos de gestión. Asimismo sólo y exclusivamente la Junta es competente para acordar la adquisición, la venta o la aportación a otra sociedad de activos esenciales, presumiendo el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% del total activo que aparece en el último balance aprobado.
Siguiendo con su condición de socios, deben tomar consciencia de que el buen gobierno corporativo pretende dotar de mayor protección a los socios minoritarios. En este sentido, el hecho de que tengan mayoría suficiente no les legitima para adoptar cualquier acuerdo. Tras la reforma, se pueden impugnar aquellos acuerdos que, sin responder a una necesidad razonable, se adoptan por la mayoría en interés propio y en detrimento de los demás socios.
En segundo lugar, en su condición de administradores, poner en su conocimiento que, tras la reforma, la ley pretende dotar de mayor profesionalización a los órganos de administración y a los directivos de las sociedades. La ley detalla los deberes de los órganos de la sociedad, entre los que deben prestar especial atención:
a) Deber de diligencia, que implica dedicación adecuada, adoptar medidas precisas para la buena dirección y control de la sociedad así como el deber de exigir y el derecho de recabar de la sociedad información adecuada.
b) Deber de protección de la discrecionalidad empresarial, lo que implica actuar de buena fe, sin interés personal.
c) Deber imperativo de lealtad, que no aparecía regulado con anterioridad a la reforma, obligándose en caso de incumplimiento a indemnizar el daño causado y a devolver el enriquecimiento injusto obtenido. Este deber de lealtad debe relacionarse con el deber de evitar situaciones de conflicto de interés. Se regula la obligación de comunicar cualquier situación de conflicto, directa o indirecta. Tras la reforma deben tener en cuenta que las situaciones de conflicto de interés deben reflejarse en la memoria.
Estos deberes de obligado cumplimiento por el Administrador, en el caso de que la reforma del Código Penal, que actualmente ya ha sido aprobada por el Congreso, mantenga la redacción y contenido que el Proyecto recoge, supone el espaldarazo definitivo a los sistemas internos de prevención de delitos o similares que desde el año 2010 se han ido implantando en grandes y medianas compañías de nuestro país, de modo que el diseño y aprobación y aplicación de un adecuado programa de Compliance Penal o Plan de Prevención de Riesgos Penales se erija como requisito -sine quae non- para poder ganar una eximente o atenuante de la responsabilidad penal en la que la persona jurídica pueda incurrir. Todo ello sin perjuicio de su conexión con políticas de Buen Gobierno Corporativo, en sentido amplio, que la reforma de la Ley se Sociedades de Capital ha implantado.
Otros aspectos sobre los que tienen que prestar atención y que pueden afectar a su operativa diaria son los relativos a la extensión de la responsabilidad de los administradores, los cuales, como norma general, responderán frente a la sociedad, los socios y frente a los acreedores sociales del daño causado por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, así como por incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.
La responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a:
a) La figura del administrador de hecho: por primera vez, la Ley de Sociedades de Capital lo define como la persona que ejercite las facultades propias de administrador sin título o con título nulo o extinguido, así como aquel bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad.
b) La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la persona jurídica administrador.
En caso de que el órgano de administración revista la forma de Consejo de Administración, deben tener presente que se incrementan las exigencias de profesionalización, implicación y responsabilidades:
- En primer lugar, deben reunirse, al menos, una vez al trimestre.
- En segundo lugar, cuando en el seno del Consejo se nombre un Consejero Delegado deberá aprobarse un contrato entre éste y la sociedad donde se detallen todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución (luego retomaremos la cuestión de la retribución). Este contrato debe ser aprobado por el Consejo con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, debiendo abstenerse el Consejero de asistir a la deliberación y de participar en la votación. Este contrato debe adjuntarse como Anexo a la Acta de Sesión del Consejo de Administración.
- En tercer lugar, se detallan las facultades indelegables del Consejo (supervisión de comisiones, determinar políticas y estrategias, organización interna, formulación CCAA, nombramientos y destituciones, remuneraciones, etc.).
Finalmente la reforma de la Ley de Sociedades de Capital introduce una importante reforma en lo que respecta a la retribución de los administradores. Las principales cuestiones que deben tener en cuenta en lo que se refiere a este particular son:
- Debe determinarse el concepto o conceptos retributivos.
- Debe acordarse por la Junta el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales y se mantendrá vigente en tanto no se modifique.
- La distribución de la retribución se realiza por acuerdo de la Junta y en su defecto por acuerdo de los administradores. En caso de Consejo por acuerdo de éste que deberá tener en cuenta las funciones y responsabilidades de cada consejero.
- Proporción razonable de la remuneración con la importancia de la sociedad, situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables.
- La ley establece de que el sistema de remuneración establecido debe estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.
- En caso de Consejo de Administración el Consejero no podrá percibir retribución por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en el contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.
L’adaptació a aquesta qüestió es presumeix breu, concisa i precisa, ja que l’empresari i / o directiu:
a) assumeix més responsabilitat per la implantació d’una amplitud de nous deures i obligacions;
b) adequar-se a la nova normativa pel que fa a la retribució del càrrec d’administrador;
c) ha d’elaborar un pla de prevenció de riscos penals.
La recent reforma de la Llei de societats de capital va dirigida a la millora del govern corporatiu en un intent que les societats mercantils generin valor a través de l’eficiència econòmica i la recuperació de la confiança. Aquesta reforma va dirigida a reforçar el paper de la Junta General, reforçar la transparència, l’eficiència econòmica i exigir una major professionalització dels administradors i directius.
Intentarem donar unes pinzellades sobre els aspectes més controvertits de la reforma i que afecten el seu dia a dia, tant en la seva condició de socis com en la seva condició d’administradors de societats mercantils.
En primer lloc, en la seva condició de socis han de aparcar la vella idea de la Junta General com convidat de pedra. El paper de la Junta General, i per tant dels socis, ha adquirit amb la reforma més rellevància. En aquest sentit, tant en S.A. com en S.L. (Abans només es podia a SL), la Junta pot impartir instruccions a l’òrgan d’administració sobre determinats assumptes de gestió. Així mateix només i exclusivament la Junta és competent per a acordar l’adquisició, la venda o l’aportació a una altra societat d’actius essencials, presumint el caràcter essencial de l’actiu quan l’import de l’operació superi el 25% del total actiu que apareix en l’últim balanç aprovat.
Seguint amb la seva condició de socis, han de prendre consciència que el bon govern corporatiu pretén dotar de més protecció als socis minoritaris. En aquest sentit, el fet que tinguin majoria suficient no els legitima per a adoptar qualsevol acord. Després de la reforma, es poden impugnar aquells acords que, sense respondre a una necessitat raonable, s’adopten per la majoria en interès propi i en detriment dels altres socis.
En segon lloc, en la seva condició d’administradors, posar en el seu coneixement que, després de la reforma, la llei pretén dotar de major professionalització als òrgans d’administració i als directius de les societats. La llei detalla els deures dels òrgans de la societat, entre els quals han de prestar especial atenció:
a) Deure de diligència, que implica dedicació adequada, adoptar mesures necessàries per a la bona direcció i control de la societat així com el deure d’exigir i el dret de demanar de la societat informació adequada.
b) Deure de protecció de la discrecionalitat empresarial, el que implica actuar de bona fe, sense interès personal.
c) Deure imperatiu de lleialtat, que no apareixia regulat amb anterioritat a la reforma, obligant-se en cas d’incompliment a indemnitzar el dany causat ia tornar l’enriquiment injust obtingut. Aquest deure de lleialtat s’ha de relacionar amb el deure d’evitar situacions de conflicte d’interès. Es regula l’obligació de comunicar qualsevol situació de conflicte, directa o indirecta. Després de la reforma han de tenir en compte que les situacions de conflicte d’interès s’han de reflectir en la memòria.
Aquests deures d’obligat compliment per l’Administrador, en el cas que la reforma del Codi Penal, que actualment ja ha estat aprovada pel Congrés, mantingui la redacció i contingut que el Projecte recull, suposa el recolzament definitiu als sistemes interns de prevenció de delictes o similars que des de l’any 2010 s’han anat implantant en grans i mitjanes companyies del nostre país, de manera que el disseny i aprovació i aplicació d’un adequat programa de Compliance Penal o Pla de Prevenció de Riscos Penals s’erigeixi com a requisit –sine quae non– per poder guanyar una eximent o atenuant de la responsabilitat penal en què la persona jurídica pugui incórrer. Tot això sense perjudici de la seva connexió amb polítiques de Bon Govern Corporatiu, en sentit ampli, que la reforma de la Llei es societats de capital ha implantat.
Altres aspectes sobre els quals han de prestar atenció i que poden afectar a la seva operativa diària són els relatius a l’extensió de la responsabilitat dels administradors, els quals, com a norma general, han de respondre davant la societat, els socis i enfront dels creditors socials del dany causat per actes o omissions contraris a la llei o als estatuts, així com per incompliment dels deures inherents al seu càrrec.
La responsabilitat dels administradors, s’estén igualment a:
a) La figura de l’administrador de fet: per primera vegada, la Llei de societats de capital el defineix com la persona que exerciti les facultats pròpies d’administrador sense títol o amb títol nul o extingit, així com aquell sota les instruccions actuïn els administradors de la societat.
b) La persona física designada per a l’exercici permanent de les funcions pròpies del càrrec d’administrador persona jurídica estarà sotmesa als mateixos deures i respondrà solidàriament amb la persona jurídica administrador.
En cas que l’òrgan d’administració tingui la forma de Consell d’Administració, han de tenir present que s’incrementen les exigències de professionalització, implicació i responsabilitats:
- En primer lloc, s’han de reunir, almenys, una vegada al trimestre.
- En segon lloc, quan en el si del Consell es nomeni un conseller delegat haurà d’aprovar un contracte entre aquest i la societat on es detallin tots els conceptes pels quals pugui obtenir una retribució (després reprendrem la qüestió de la retribució). Aquest contracte ha de ser aprovat pel Consell amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres, havent d’abstenir el conseller d’assistir a la deliberació i de participar en la votació. Aquest contracte s’ha d’adjuntar com a annex a la Acta de Sessió del Consell d’Administració.
- En tercer lloc, es detallen les facultats indelegables del Consell (supervisió de comissions, determinar polítiques i estratègies, organització interna, formulació CA, nomenaments i destitucions, remuneracions, etc.).
Finalment la reforma de la Llei de societats de capital introdueix una important reforma pel que fa a la retribució dels administradors. Les principals qüestions que han de tenir en compte pel que fa a aquest particular són:
- S’ha de determinar el concepte o conceptes retributius.
- Ha acordar per la Junta l’import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors en la seva condició de tals i es mantindrà vigent mentre no es modifiqui.
- La distribució de la retribució es realitza per acord de la Junta i si no per acord dels administradors. En cas de Consell per acord d’aquest que haurà de tenir en compte les funcions i responsabilitats de cada conseller.
- Proporció raonable de la remuneració amb la importància de la societat, situació econòmica que tingués en cada moment i els estàndards de mercat d’empreses comparables.
- La llei estableix que el sistema de remuneració establert ha d’estar orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat a llarg termini de la societat i incorporar les cauteles necessàries per evitar l’assumpció excessiva de riscos i la recompensa de resultats desfavorables.
- En cas de Consell d’Administració el conseller no podrà percebre retribució per l’exercici de funcions executives les quantitats o conceptes no estiguin previstos en el contracte. El contracte haurà de ser conforme amb la política de retribucions aprovada, si s’escau, per la junta general.