- 2 marzo, 2015
- Categorias: Economia, Laboral, Legal
El Gobierno espera que en 2015 el crecimiento de la economía española alcance el 2,4% gracias a un crecimiento del consumo en torno al 3%, a una inversión en bienes de equipo que crezca por encima del 7%, a una balanza de pagos por cuenta corriente que registre superávit y con una capacidad de financiación de la economía española respecto al resto del mundo que superará el 1% del PIB.
La primera medida anunciada en el Congreso es la Rebaja de cotizaciones para nuevos contratos indefinidos
Para favorecer la creación de empleo estable y de calidad, el Gobierno pondrá en marcha una tarifa reducida para los nuevos contratos indefinidos. Se beneficiarán de un mínimo exento de cotización de 500 euros. Esta medida sucederá a la tarifa plana de 100 euros a la cotización por contingencias comunes que ha beneficiado a más de 200.000 personas. Esta reducción de cotización no tendrá, sin embargo, ningún impacto en la generación de derechos de prestaciones para el trabajador.
Esta medida favorece, en mayor medida, a los colectivos con mayores dificultades para su inserción laboral porque supone una rebaja progresiva del coste laboral por cotizaciones sociales. Así, por ejemplo:
– La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores con salarios más bajos se reducirá prácticamente en un 70%.
– Los trabajadores con salarios de 1.000€ verán reducidas sus cotizaciones en cerca de un 50%.
– Los trabajadores con salarios más elevados, situados en la base de cotización máxima, verán reducidas sus cotizaciones un 14%.
La segunda de las medidas es el Cheque familiar para familias monoparentales
El Gobierno está desarrollando una intensa Agenda Social en la que los próximos pasos serán el Plan Integral de Apoyo a la Familia, el Marco de Actuación de las personas mayores o el Plan Especial para la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y salarial. Además, también están previstos proyectos de Ley como los del Tercer Sector de Acción Social y del Voluntariado.
Se ampliarán las ayudas fiscales (“impuestos negativos”) en vigor desde el 1 de enero para familias numerosas y las que tienen a su cargo ascendientes o descendientes con discapacidad. Se extenderán estos “cheques familiares” de 1.200 euros al año a las familias monoparentales con dos hijos. Esta ayuda beneficia especialmente a las mujeres y se mantendrá hasta que los hijos tengan 21 años o 25 en el caso de que sean estudiantes.
Se extenderán los beneficiarios de los “cheques familiares” de la reforma fiscal, de forma que podrían superar el millón de personas. Estas ayudas se suman a la de 100 euros mensuales para madres trabajadoras con hijos menores de tres años, en vigor desde el año 2002.
La tercera medida anunciada es la Bonificación para la conciliación de los trabajadores autónomos
Para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, el Gobierno bonificará, durante un año, el 100% de la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes de los trabajadores autónomos que necesiten reducir su jornada por cuidado de hijos menores de 7 años o de personas mayores en situación de dependencia reconocida.
La bonificación va dirigida a los autónomos que contraten un trabajador que le permita el mantenimiento de la actividad. Con esta medida, el Gobierno pretende seguir aproximando los derechos de los autónomos a los trabajadores por cuenta ajena.
La cuarta medida anunciada por el Ejecutivo ha sido la denominada “Segunda Oportunidad”
La recuperación económica debe ayudar a normalizar la situación de aquellos que han asumido un endeudamiento excesivo antes o durante la crisis. Con este objetivo, el Gobierno adoptará diversas medidas para facilitar el desendeudamiento de las familias, los autónomos y las PYMES.
Las personas naturales no empresarias podrán utilizar la figura del “acuerdo extrajudicial de pagos”, un mecanismo simplificado por el cual empresarios y PYMES podían negociar con sus acreedores antes de recurrir al concurso de acreedores. Además, se establecerán reglas de procedimiento especialmente simplificadas para los particulares –plazos de designación, convocatorias de acreedores especialmente reducidos y se reducirán los aranceles notariales y registrales-.
El deudor persona natural podrá exonerar las deudas remanentes tras la liquidación de sus bienes en el marco del procedimiento concursal.
Se modificará el marco normativo de los “acuerdos extrajudiciales de pagos” para simplificar su uso. Se revisarán los plazos de prescripción de las reclamaciones de la deuda, que se reducirán a 5 años en el caso general. La regulación actual de los plazos de prescripción se mantiene inalterada desde la primera versión del Código Civil de 1889.
Se reformará el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que un mayor número de familias se beneficien de sus medidas. Hasta el momento, este Código ha permitido unas 12.000 reestructuraciones viables de deuda y 3.500 daciones en pago. A partir de ahora, se incluirá una cláusula para que este colectivo vulnerable se pueda beneficiar de una inaplicación definitiva de las cláusulas suelo.
El Gobierno espera que en 2015 el crecimiento de la economía española alcance el 2,4%
La quinta medida anuncia es la creación de un Nuevo marco jurídico de las Administraciones Públicas
En el marco de la Reforma de las Administraciones Públicas se definirá un nuevo marco jurídico para una Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple.
Para los ciudadanos se facilitan las relaciones electrónicas de la ciudadanía con la Administración, se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica para trámites administrativos, se reducen las cargas administrativas –como regla general, no se pedirán documentos originales- y se establecerá un único procedimiento común, más corto para supuestos de mayor complejidad.
Para las empresas se relacionarán obligatoriamente de forma electrónica con todas las Administraciones, se reducen las cargas administrativas y se fija con carácter general una fecha común de entrada en vigor de las normas (enero y junio).
Para las Administraciones Públicas se favorece mayor agilidad (comunicaciones electrónicas) y mayor transparencia (nuevos inventarios y registros). También se mejoran los trámites y la revisión normativa, el control y racionalización del sector público instrumental y la cooperación y coordinación entre AAPP (regulación de la Conferencia de Presidentes, Conferencias Sectoriales).
La sexta medida anunciada fue la Ayuda a CCAA y Entidades Locales
En los últimos tres años, el Estado ha articulado diversos mecanismos para ayudar a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales a la hora de cumplir con las políticas sociales de su competencia a través de instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica o el Plan de Pago a Proveedores.
Este año 2015 el Gobierno está poniendo a su disposición nuevos instrumentos de financiación y liquidez para garantizar la prestación de servicios básicos por un importe de 39.869 millones de euros. Así, por ejemplo, se crea un Fondo Social para financiar las deudas con Entidades Locales que se deriven de convenios en materia de gasto social.
La séptima medida anunciada fue la Agilización de la Justicia
El Gobierno quiere avanzar en la agilización de la Justicia. Para ello, mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se modificarán las reglas de conexidad para evitar las macrocausas difíciles de concluir y se fijarán plazos máximos para la instrucción: 6 o 18 meses para las causas normales o complejas.
En el marco de la creciente recuperación económica, se revisará el sistema de tasas judiciales. Las personas físicas quedarán exentas de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias.
El Gobierno modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil, fomentando el uso de las nuevas tecnologías para las comunicaciones con profesionales y los ciudadanos
La octava medida anunciada fue el Decomiso y Oficina de Gestión y Recuperación de Activos
Antes de finalizar el año se pondrá en marcha la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos.
Es una oficina multidisciplinar encargada de la localización de los bienes, efectos y ganancias provenientes del delito o vinculados con actividades delictivas para obtener de ellos el mayor rendimiento posible.
Este rendimiento se destinará a satisfacer las indemnizaciones de las víctimas del delito, poniendo el sobrante al servicio del Estado para la realización de proyectos sociales y la lucha contra la criminalidad.
También se ha desarrollado una nueva regulación de la figura del decomiso: se amplía la regulación a todo el patrimonio del penado que se presuma que deriva directa o indirectamente de las actividades delictivas que desarrolla e, incluso, a los bienes que haya transferido a un tercero cuando no pueda acreditarse que lo era de buena fe.
La última de las medidas anunciadas está enfocada en la Lucha contra el fraude
El Gobierno intensificará el control del fraude, ya sea contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social. Para ello se reformará la Ley General Tributaria para incluir medidas como:
– la publicación, a finales de año, del listado de deudores de mayor cuantía
– la publicación de las sentencias condenatorias firmes de delitos contra la Hacienda Pública
– la ampliación, con carácter general, a 18 meses el plazo para el procedimiento de inspección
– el refuerzo del régimen de infracciones y sanciones en el ámbito del contrabando.
Se reformará la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo, Seguridad Social y Salud Laboral, para reforzar la lucha contra el empleo irregular y el fraude con una mayor coordinación.
El Govern espera que el 2015 el creixement de l’economia espanyola arribi al 2,4% gràcies a un creixement del consum al voltant del 3%, a una inversió en béns d’equip que creixi per sobre del 7%, a una balança de pagaments per compte corrent que registri superàvit i amb una capacitat de finançament de l’economia espanyola respecte a la resta del món que superarà l’1% del PIB.
La primera mesura anunciada al Congrés és la Rebaixa de cotitzacions per a nous contractes indefinits
Per afavorir la creació d’ocupació estable i de qualitat, el Govern posarà en marxa una tarifa reduïda per als nous contractes indefinits. Es beneficiaran d’un mínim exempt de cotització de 500 euros. Aquesta mesura succeirà a la tarifa plana de 100 euros a la cotització per contingències comunes que ha beneficiat a més de 200.000 persones. Aquesta reducció de cotització no tindrà, però, cap impacte en la generació de drets de prestacions per al treballador.
Aquesta mesura afavoreix, en major mesura, als col·lectius amb més dificultats per a la inserció laboral perquè suposa una rebaixa progressiva del cost laboral per cotitzacions socials. Així, per exemple:
– La cotització a la Seguretat Social dels treballadors amb salaris més baixos es reduirà pràcticament en un 70%.
– Els treballadors amb salaris de 1.000 € veuran reduïdes les seves cotitzacions en prop d’un 50%.
– Els treballadors amb salaris més elevats, situats a la base de cotització màxima, veuran reduïdes les seves cotitzacions un 14%.
La segona de les mesures és el Xec familiar per a famílies monoparentals
El Govern està desenvolupant una intensa Agenda Social en la que els propers passos seran el Pla Integral de Suport a la Família, el Marc d’Actuació de les persones grans o el Pla Especial per a la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral i salarial. A més, també estan previstos projectes de llei com els del Tercer Sector d’Acció Social i del Voluntariat.
S’ampliaran les ajudes fiscals («impostos negatius») en vigor des de l’1 de gener per famílies nombroses i les que tenen al seu càrrec ascendents o descendents amb discapacitat. S’estendran aquests «xecs familiars» de 1.200 euros a l’any a les famílies monoparentals amb dos fills. Aquest ajut beneficia especialment a les dones i es mantindrà fins que els fills tinguin 21 anys o 25 en el cas que siguin estudiants.
S’estendran els beneficiaris dels «xecs familiars» de la reforma fiscal, de manera que podrien superar el milió de persones. Aquests ajuts se sumen a la de 100 euros mensuals per a mares treballadores amb fills menors de tres anys, en vigor des de l’any 2002.
La tercera mesura anunciada és la Bonificació per a la conciliació dels treballadors autònoms
Per facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i professional, el Govern bonificarà, durant un any, el 100% de la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes dels treballadors autònoms que necessitin reduir la seva jornada per cura de fills menors de 7 anys o de persones majors en situació de dependència reconeguda.
La bonificació va dirigida als autònoms que contractin un treballador que li permeti el manteniment de l’activitat. Amb aquesta mesura, el Govern pretén seguir aproximant els drets dels autònoms als treballadors per compte d’altri.
La quarta mesura anunciada per l’Executiu ha estat l’anomenada «Segona Oportunitat»
La recuperació econòmica ha d’ajudar a normalitzar la situació d’aquells que han assumit un endeutament excessiu abans o durant la crisi. Amb aquest objectiu, el Govern ha d’adoptar diverses mesures per facilitar l’desendeutament de les famílies, els autònoms i les PIMES.
Les persones naturals no empresàries podran utilitzar la figura del «acord extrajudicial de pagaments», un mecanisme simplificat pel qual empresaris i PIMES podien negociar amb els seus creditors abans de recórrer al concurs de creditors. A més, s’establiran regles de procediment especialment simplificades per als particulars -terminis de designació, convocatòries de creditors especialment reduïts i es reduiran els aranzels notarials i registrales-.
El deutor persona natural podrà exonerar els deutes romanents després de la liquidació dels seus béns en el marc del procediment concursal.
Es modificarà el marc normatiu dels «acords extrajudicials de pagaments» per simplificar el seu ús. Es revisaran els terminis de prescripció de les reclamacions del deute, que es reduiran a 5 anys en el cas general. La regulació actual dels terminis de prescripció es manté inalterada des de la primera versió del Codi Civil de 1889.
Es reformarà el Codi de Bones Pràctiques Bancàries perquè un major nombre de famílies es beneficiïn de les seves mesures. Fins al moment, aquest Codi ha permès unes 12.000 reestructuracions viables de deute i 3.500 dacions en pagament. A partir d’ara, s’inclourà una clàusula perquè aquest col·lectiu vulnerable es pugui beneficiar d’una inaplicació definitiva de les clàusules sòl.
El Govern espera que el 2015 el creixement de l’economia espanyola arribi al 2,4%
La cinquena mesura anuncia és la creació d’un Nou marc jurídic de les administracions públiques
En el marc de la Reforma de les Administracions Públiques es definirà un nou marc jurídic per a una Administració totalment electrònica, interconnectada, transparent i amb una estructura clara i simple.
Per als ciutadans es faciliten les relacions electròniques de la ciutadania amb l’Administració, es simplifiquen els mitjans d’identificació i de signatura electrònica per a tràmits administratius, es redueixen les càrregues administratives -com a regla general, no es demanaran documents originals- i s’establirà un únic procediment comú, més curt per a supòsits de major complexitat.
Per a les empreses es relacionaran obligatòriament de forma electrònica amb totes les administracions, es redueixen les càrregues administratives i es fixa amb caràcter general una data comuna d’entrada en vigor de les normes (gener i juny).
Per a les administracions públiques s’afavoreix major agilitat (comunicacions electròniques) i major transparència (nous inventaris i registres). També es milloren els tràmits i la revisió normativa, el control i racionalització del sector públic instrumental i la cooperació i coordinació entre AAPP (regulació de la Conferència de Presidents, Conferències Sectorials).
La sisena mesura anunciada va ser l’Ajuda a CCAA i entitats locals
En els últims tres anys, l’Estat ha articulat diversos mecanismes per ajudar les comunitats autònomes i a les corporacions locals a l’hora de complir amb les polítiques socials de la seva competència a través d’instruments com el Fons de Liquiditat Autonòmica o el Pla de Pagament a Proveïdors.
Aquest any 2015 el Govern està posant a la seva disposició nous instruments de finançament i liquiditat per garantir la prestació de serveis bàsics per un import de 39.869.000 d’euros. Així, per exemple, es crea un Fons Social per a finançar els deutes amb entitats locals que es derivin de convenis en matèria de despesa social.
La setena mesura anunciada va ser la Agilització de la Justícia
El Govern vol avançar en l’agilització de la Justícia. Per a això, mitjançant la reforma de la Llei d’enjudiciament criminal, es modificaran les regles de connexitat per evitar les macrocausas difícils de concloure i es fixaran terminis màxims per a la instrucció: 6 o 18 mesos per les causes normals o complexes.
En el marc de la creixent recuperació econòmica, es revisarà el sistema de taxes judicials. Les persones físiques quedaran exemptes de taxes judicials en tots els ordres i instàncies.
El Govern modificarà la Llei d’enjudiciament civil, fomentant l’ús de les noves tecnologies per a les comunicacions amb professionals i els ciutadans
La vuitena mesura anunciada va ser el Decomís i Oficina de Gestió i Recuperació d’Actius
Abans de finalitzar l’any es posarà en marxa l’Oficina de Gestió i Recuperació d’Actius.
És una oficina multidisciplinària encarregada de la localització dels béns, efectes i guanys provinents del delicte o vinculats amb activitats delictives per obtenir-ne el major rendiment possible.
Aquest rendiment es destinarà a satisfer les indemnitzacions de les víctimes del delicte, posant el sobrant al servei de l’Estat per a la realització de projectes socials i la lluita contra la criminalitat.
També s’ha desenvolupat una nova regulació de la figura del decomís: s’amplia la regulació a tot el patrimoni del penat que es presumeixi que deriva directament o indirectament de les activitats delictives que desenvolupa i, fins i tot, als béns que hagi transferit a un tercer quan no es pugui acreditar que ho era de bona fe.
L’última de les mesures anunciades està enfocada en la Lluita contra el frau
El Govern intensificarà el control del frau, ja sigui contra la Hisenda Pública o la Seguretat Social. Per a això es reformarà la Llei general tributària per incloure mesures com:
– La publicació, a finals d’any, de la llista de deutors de major quantia
– La publicació de les sentències condemnatòries fermes de delictes contra la Hisenda Pública
– L’ampliació, amb caràcter general, a 18 mesos el termini per al procediment d’inspecció
– El reforç del règim d’infraccions i sancions en l’àmbit del contraban.
Es reformarà la Llei ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball, Seguretat Social i Salut Laboral, per reforçar la lluita contra l’ocupació irregular i el frau amb una major coordinació.