- 6 octubre, 2010
- Categorias: Economia, Fiscal
El pasado día 29 de setiembre se publicó el texto del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.
En el mismo destaca la tan deseada subida de impuestos a los ricos. Sin duda se trata de intentar contentar a una parte del electorado porque su efectividad y capacidad recaudatoria es más que dudosa.
El tan criticado régimen de las Sicav, por ser considerado un instrumento con un tratamiento fiscal muy ventajoso, al tributar sólo el 1%, en realidad no se ha modificado y lo ha sido de forma indirecta, al modificarse el régimen fiscal aplicable a sus accionistas en las reducción de capital de éstas, así como de la distribución de la prima de emisión. Es decir, los beneficios de este tipo de sociedades de inversión seguirán tributando al 1%, pero sus socios lo harán, como rendimiento del capital mobiliario cuando retiren los fondos.
Muy probablemente la experiencia del País Vasco, que en 2009 eliminó el régimen fiscal de estas sociedades y por tanto pasaron a tributar el 30%, provocando la huida de ellas de territorio vaco, habrá servido para conocer que ocurre cuando en un entorno de libertad de movimiento de capitales se establece un trato fiscal peor al de otros territorios.
La medida pretende evitar la fuga de capitales, se pretende aplicar dicho régimen fiscal a los accionistas de sociedades españolas sino también a los de cualquier organismo de inversión colectiva registrado fuera de nuestras fronteras y que sea equivalente a la Sicav. Me temo que no lo conseguirán.
Otra medida introducida en el proyecto es la limitación hasta 300.000 euros de la reducción del 40% de la renta por ser irregular. Esta medida pretende limitar, entre otros casos, la retribución de bonus a directivos que conseguían, en la práctica, reducir el tipo del 43 al 25,8% en este tipo de retribuciones.
Así mismo la subida de tipos para contribuyentes con renta superior a 120 mil euros, no tiene justificación. Tanto por su escasa capacidad recaudatoria como por lo que significa. En un país como España con tan baja productividad, penalizar a las rentas de trabajo más altas no es una feliz idea, y más si se tiene en cuenta que tanto la productividad como la renta se encuentran correlacionadas con la formación.
Esta medida, en la mayoría de los casos, comportará aumentos en los costes de las compañías y el incremento de las prácticas de diseño retributivo para disminuir los costes: aportaciones a fondos de pensiones y retribuciones en especie. En ambos casos, existen posibilidades reales de reducir la factura y aumentar el salario líquido.